Donald Trump se presentó a las elecciones prometiendo deportaciones masivas, prometiendo que Estados Unidos sería un país más seguro mediante la eliminación de los migrantes criminales. Sin embargo, la aplicación de la ley ha ido mucho más allá de los que cruzan la frontera sin documentos o aquellos que presuntamente pertenecen a una organización criminal: residentes legales, personas con visa, turistas e incluso solicitantes de asilo han sido detenidos.
Protecciones humanitarias como el TPS (Estatus de Protección Temporal, nombre en español) y el parole humanitario, un permiso temporal otorgado por el gobierno de EU que permite a extranjeros ingresar y residir por razones urgentes o de beneficio público significativo, han sido revocadas, poniendo a cientos de miles en riesgo de ser deportados a los países de origen de los que huyeron para salvar sus vidas.
Cientos de ellos han sido trasladados en secreto a terceros países como El Salvador y Panamá, como el reciente caso de cientos de ciudadanos de Venezuela que sin un debido proceso judicial, han sido acusados de ser parte de organizaciones criminales, de las cuales tampoco se tiene certeza de su existencia. Lo que los expertos denominan «entregas» ilegales, han provocado batallas legales.
Mientras tanto, el gobierno actual obliga a los migrantes a registrarse, se presiona a Hacienda para que revele quienes son las personas sin documentos y se revocan permisos de residencia por opiniones políticas. Incluso las redes sociales son ahora objeto de escrutinio en los casos de naturalización.
En la conferencia de prensa semanal de American Community Media (ACM) nuestros expertos legales analizarán estos cambios radicales y explicarán sus derechos.
Para Zenobia Lai, directora ejecutiva de Houston Immigration Legal Services Collaborative, es necesario no olvidar los patrones que han caracterizado los cambios hechos por la administración Trump a la política migratoria estadounidense. En primer lugar, en palabras de Lai, no hay que olvidar que esta nueva política se basa en tres ejes centrales: no dejar adentro a nadie, correr a todo el mundo y cerrar la puerta. A esto le corresponden, a su vez, tres posibles situaciones, que aunque ficticias, justifican la aplicación de los ejes como pilares de la nueva política migratoria. A saber, la emergencia nacional, la invasión y el sostenimiento de la fuerza frente al mundo.
“Las consecuencias de esta nueva realidad han sido la prohibición del asilo, la construcción de más muro, el limbo legal en el que están miles de casos y la criminalización de las personas migrantes”, puntualizó Lai. Además, de manera intempestiva, el gobierno estadounidense retiró el TPS a personas originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, lo que ocasionó mucha incertidumbre y en cientos de casos la posibilidad de deportación inmediata.
Con estos cambios también vinieron acciones entre las instituciones, lo que ha permitido un flujo mayor de información confidencial para lograr la acusación de personas migrantes sin un debido proceso. “Se ha olvidado el principio de formación de nuestro país”, concluyó Lai.
“La estrategia de parole humanitaria ha tenido mucho éxito, más de medio millón de personas han sido beneficiadas y han podido rehacer su vida en Estados Unidos”, agregó Todd Shulte, presidente de FWD. Por otro lado, una estrategia similar como la del TPS también permitió que decenas de miles de personas también hayan podido vivir de manera segura debido a la falta de certeza sobre su seguridad en sus lugares de origen. “No tiene sentido –continuó Shulte– que estos programas no se hayan encaminado hacia la legalidad permanente”.
David Leopold, ex presidente de American Immigration Lawyers Association y socio de la UB Greensfelder LLP, en Cleveland, Ohio, señaló que “el gobierno comenzó a usar la Ley del Enemigo Externo para criminalizar a personas migrantes u organizaciones de apoyo, de manera ilegal e innecesaria”. Aunque esta ley sea usada es el sistema judicial estadounidense quien tiene que comprobar que las personas afectadas son realmente parte de bandas criminales y hasta ahora ninguna de ellas ha podido defenderse.
En este sentido, Shulte fue muy enérgico al afirmar que “Venezuela no está en guerra contra Estados Unidos, no ha invadido ningún territorio estadounidense”, mientras que para el propio Leopold “detener y deportar violentamente a un grupo específico para justificar ataques y la nueva política migratoria, recuerda momentos oscuros, como los ocurridos en los años 30 en Europa”.
“La retórica antimigrante, además, siempre ha sido que las personas migrantes están tomando ventaja de las y los ciudadanos estadounidenses y no están pagando impuestos”, comentó Leopold y agregó que esta semana Hacienda, la propia institución fiscal, demostró que sí pagan impuestos. “Aquí también se está poniendo en cuestión el derecho a las garantías jurídicas”.
Finalmente, para Martin Kim, director de Immigration Advocacy, en Washington DC, está claro que será “hasta que Trump se vaya que tendremos reformas para que no vuelvan a suceder todos estos abusos contra millones de personas. Está atacando a personas estadounidenses, a personas que tienen todos sus documentos en regla y a las organizaciones que les dan asesoría y talleres. Esta administración no tiene intención de seguir el debido proceso sino un solo punto de vista: la exclusión”.