Este 24 de marzo de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos verá un caso de redistribución de distritos en Luisiana. Se trata de una lucha por la representación justa de los votantes negros y de las minorías en ese estado y en todo el sur del país.
El caso llega justo después del histórico caso Allen v. Milligan, ocurrido en Alabama, en el que dicho tribunal confirmó el artículo 2 de la de la Ley del Derecho al Voto, afirmando la necesidad de una representación justa de los votantes negros. El caso de Luisiana representa ahora la próxima gran prueba en esta batalla legal en este sentido.
Mientras tanto los dirigentes estatales trabajan activamente para debilitar la protección del voto, por lo que el resultado de este caso podría tener ramificaciones nacionales para los derechos de los votantes negros. De este caso se podrían tener, también, ramificaciones nacionales para el derecho al voto y la representación
en todo el país.
En esta ocasión, en la conferencia semanal de Ethnic Media Services comenzó con participación de Vitoria Venger, asesora del Fondo de Defensa Legal y Educación de la NAACP (LDF), quien se refirió al inició de esta situación: “El censo de 2020 mostró que la población negra había crecido mientras que la población blanca había disminuido. La legislatura de Luisiana había dibujado un mapa que negaba una representación justa de la población negra en el Congreso. Esto fue señalado por distintas organizaciones e hicieron hincapié en la vulnerabilidad que tiene en el estado la Ley de Derechos de Voto”.
Para la abogada existen en Luisiana amplios antecedentes de discriminación racial por lo que es necesario asegurar un acceso equilibrado de voto, especialmente para la población minoritaria principal, es decir, la población negra. En 2022, la LDF comenzó un caso jurídico para revertir esta injusticia en la representatividad, en donde fue necesario, primero, probar que la Ley de Derechos de Voto se violaba en el estado, cosa que en 2023 se comprobó”.
“Cada derecho de voto ha valido la pena el riesgo y ahora, 60 años después de la lucha por los derechos civiles, estamos todavía marchando y luchando, legislando, porque si bien es cierto que algunas cosas han cambiado, la lucha por los derechos de voto está lejos de acabarse”, sentenció Alanah Odoms, directora ejecutiva de American Civil Liberties Union-Louisiana.
“La historia de Luisiana –precisó Shelton– está conformada por la exclusión, por la discriminación y por el intento de dejar fuer a la población negra de una participación total en la democracia”.
Para la activista, la justicia no es algo automático sino algo por lo que hay que luchar generación tras generación.
Ashley Shelton, directora ejecutiva de Power Coalition for Equity & Justice, señaló que “la gente de Luisiana, desde un principio, ha querido una distribución justa de representantes y tener las mismas posibilidades para elegir a los candidatos respectivos”. Por lo que la resolución de este caso está en el aire y su definición marcará un precedente a nivel nacional.