En Estados Unidos, a medida que se avecinan las elecciones presidenciales en las próximas tres semanas –y con la votación anticipada ya en marcha o a punto de comenzar en la mayoría de los estados–, se vuelve esencial contar con información precisa y completa para garantizar que nuestras voces se escuchen y que nuestros votos tengan el impacto deseado. Pese a la creciente preocupación sobre las amenazas a los sitios y funcionarios electorales, así como la seguridad de las papeletas, hay expertos dedicados día y noche a asegurar el acceso democrático para todas las comunidades.
Este compromiso es vital para preservar el corazón mismo de la democracia: el derecho al voto.
En este contexto, Ethnic Media Services convocó a una sesión informativa en la que destacados expertos electorales, tanto a nivel nacional como local, se reunieron para abordar cómo garantizar que todos los votantes elegibles estén inscritos y puedan ejercer su derecho al voto con facilidad. Durante esta reunión se ofreció un resumen de las nuevas leyes electorales que podrían influir en la participación, tanto para facilitarla como para entorpecerla, y se discutieron algunas de las amenazas más significativas para la realización de elecciones seguras.
Celina Stewart, directora de la Liga de Mujeres Votantes de Estados Unidos, subrayó que, “el voto es como un deber cívico fundamental. Mediante el voto –dijo–, manifestamos nuestras preferencias sobre quién nos representa, afectando decisiones que impactan nuestras vidas diarias. Las elecciones son cruciales para defender valores importantes, especialmente en asuntos locales como la salud, el empleo y el cambio climático”.
Stewart resaltó cómo eventos recientes, como huracanes en el sur de EU, demuestran la influencia de estos sucesos en las decisiones electorales y en la gestión gubernamental. Votar trasciende lo personal, pues también representa a quienes no pueden ejercer su derecho.
La Liga ofrece recursos como Vote for One, un portal con información sobre candidatos y financiamiento de campañas, es determinante ante preocupaciones de interferencia electoral. Organizan foros para que los votantes escuchen directamente de los candidatos, especialmente en elecciones locales con menor cobertura mediática.
Un proyecto clave es el de la Verdad de la Democracia, que combate la desinformación electoral, fortalece la democracia y restaura la confianza, proporcionando herramientas contra mitos y noticias falsas. Stewart instó a los votantes a inscribirse y verificar su registro electoral, dados posibles cambios en listas y ubicaciones de votación. Asimismo, aconsejó aprovechar la votación anticipada y por correo, y mantenerse al tanto de los centros de votación mediante recursos en línea.
Sobre la seguridad electoral, Stewart dijo que la considera “una de las más seguras del mundo”, aunque señaló preocupaciones externas, como desastres naturales, que podrían limitar el acceso a centros de votación. La prioridad es asegurar que los votantes tengan la información necesaria para ejercer su derecho sin obstáculos. Según Stewart, “la información es poder, y al estar informados, los ciudadanos pueden proteger sus derechos y participar activamente en la democracia”, reiteró.
Por su lado, Andrew Garber, abogado del Programa de Derechos Electorales y Elecciones del Brennan Center for Justice, destacó el monitoreo exhaustivo que realiza el centro sobre las modificaciones en las leyes electorales en Estados Unidos. Según Garber, en los últimos cuatro años, se ha observado una proliferación de leyes electorales restrictivas, con más de 78 leyes aprobadas en al menos 30 estados desde el último ciclo electoral. Estas leyes intentan limitar el acceso al voto, impactando particularmente el voto por correo y afectando de manera desproporcionada a las comunidades de color.
Georgia se presenta como un ejemplo notable, donde, tras las elecciones de 2020, aumentaron las restricciones al voto por correo, un método adoptado principalmente por votantes de color. “Estas restricciones, aunque menos evidentes, imponen obstáculos como la reducción de personal electoral y plazos más estrictos para solicitar papeletas de voto, desalentando a votantes con menos recursos o responsabilidades familiares”, afirmó.
No obstante, Garber también señaló los esfuerzos en algunos estados para ampliar el acceso al voto. Medidas como el registro automático y la extensión del voto por correo sin necesidad de justificación se han implementado en 41 estados, facilitando el proceso electoral. Sin embargo, la disparidad entre acciones expansivas y restrictivas es notable en lugares como Texas, donde, a pesar de algunas mejoras, persisten leyes que complican el acceso al voto.
Garber subrayó la relevancia de la percepción pública sobre la seguridad electoral, apuntando cómo las narrativas falsas de fraude han servido como pretexto para leyes restrictivas, a pesar de la evidencia que confirma la integridad electoral. “Este nexo entre desinformación y restricciones es preocupante, resaltando la necesidad de educar a los ciudadanos sobre la veracidad del proceso electoral y la importancia de verificar su registro de votantes” concluyó.
Una intervención clave en la sesión fue la del profesor Robert A. Pape, de la Universidad de Chicago, quien abordó el preocupante incremento de la violencia política relacionada con las elecciones. Destacó que no sólo los trabajadores electorales están en peligro, sino también miembros del Congreso de ambos partidos, especialmente desde la presidencia de Donald Trump.
Pape, con más de 30 años de experiencia en el estudio de la violencia política, tanto a nivel internacional como doméstico, enfatizó la necesidad de entender estos eventos en un contexto histórico y actual. Comparó el aumento de la violencia política con la agitada década de 1960-1970 en los EU.
Como ejemplos, mencionó recientes intentos de violencia contra figuras públicas, como Nancy Pelosi, Barack Obama y Donald Trump. Subrayó que el respaldo público a la violencia política es crítico –cuando dicho apoyo es significativo, la violencia se percibe como legítima y es más probable que ocurra.
El estudio del Centro sobre Seguridad y Amenazas de la Universidad de Chicago , compartido por Pape, revela que entre el 6% y el 8% de la población apoya la violencia política, con fuertes conexiones a teorías conspirativas como el “gran reemplazo”. Alertó que la derrota de Trump podría intensificar la situación, ya que un tercio de este grupo posee armas y tiene vínculos con milicias, incrementando el riesgo de desestabilización.
Pape destacó que el proceso de conteo y certificación de votos es un punto crítico de vulnerabilidad, sugiriendo que los perdedores, especialmente en el bando de Trump, podrían provocar caos, incluso destruyendo papeletas, lo que alteraría gravemente los resultados en estados clave como Pensilvania, Georgia y Arizona.
A pesar de estos desafíos, Pape enfatizó que “la mayoría del público estadounidense rechaza la violencia política”. Propuso redirigir la frustración hacia el ejercicio del voto, en lugar de actos violentos, y recomendó a los gobernadores de los estados clave trabajar en conjunto para proteger a los trabajadores electorales y condenar públicamente la violencia
La sesión incluyó a May Tiwamangkala, líder de Arizona Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander for Equity, la única organización en Arizona que busca incrementar la participación cívica de estas comunidades. Fundada en 2019, esta organización trabaja para mejorar la representación y educación electoral, desarrollando líderes jóvenes y extendiendo su alcance en varios idiomas, como el chino, vietnamita e inglés.
Tiwamangkala detalló que Arizona and AANHPI for Equity participa en una demanda contra Arizona, cuestionando dos leyes de 2022 que restringen el voto. Una de estas leyes exige pruebas estrictas de ciudadanía y la otra permite que los registradores del condado eliminen a votantes basándose en sospechas sobre su ciudadanía. Estas medidas afectan a los ciudadanos naturalizados, quienes podrían no cumplir los requisitos en un plazo determinado, siendo borrados de las listas electorales.
Arizona ha sido criticada por tener uno de los requisitos de prueba de ciudadanía más rigurosos del país, lo que ha llevado a la eliminación de más de 90,000 ciudadanos del padrón electoral. Sólo una persona no ciudadana ha sido detectada, lo que sugiere que estas leyes son más una táctica de miedo que una amenaza real. “La eliminación de registros solo contribuye a la desinformación y al miedo, no a la mejora del sistema electoral”, afirmó Tiwamangkala.
La organización también aborda la privación de derechos por delitos graves, dado que Arizona tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas y un proceso de restauración de derechos limitado, afectando especialmente a las comunidades negra y latina. Esto destaca la disparidad persistente en la justicia del país.
Además de su lucha legal, Arizona and AANHPI for Equity fomenta la participación cívica celebrando la cultura API en eventos y recordando fechas electorales clave. Este esfuerzo es esencial en un contexto de creciente retórica antiinmigrante que facilita leyes que suprimen el voto.
A pesar de estos desafíos, Tiwamangkala compartió que, “la organización sigue promoviendo una democracia multirracial y multicultural en un estado políticamente polarizado. El objetivo es impulsar leyes proactivas que respondan a las necesidades de los arizonenses, superando la apatía política. La resistencia y la unidad son nuestro motor para un sistema más justo e inclusivo”, finalizó.