Por Mariana Navarrete y Sammie Seamon / Fotografías de Mariana Navarrete
Hace cuatro años, Victorio Hilario Guzmán, de 37años, salió de su departamento a buscar un pedido en plena pandemia de COVID-19 y no regresó. A pesar de que finalmente, el 13 de marzo 2024 la corte del Bronx declaró la sentencia al culpable de su muerte, la herida en la comunidad sigue abierta.
“No puedo negar el daño que me has hecho, a la familia y a la comunidad, un daño que jamás podrás reparar”, dijo Elías Hilario Guzmán, hermano de Victorio, en su declaración dirigiéndose al acusado en la audiencia de resolución.
En estos momentos de dolor e injusticias esperaban que algún miembro del consulado mexicano, y de organizaciones sin fines de lucro que legislan en nombre de los deliveristas se presentara en solidaridad. Sólo asistieron sus familiares y algunos compañeros deliveristas que han estado presentes desde 2020.
La familia Hilario Guzmán, junto con amigxs y aliadxs de la comunidad esperaron afuera de la sala #600, en la corte del condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Llegaron desde las nueve de la mañana y las puertas siguieron cerradas durante muchas horas. El grupo de aproximadamente 20 personas esperó por dos horas afuera de la sala, para que movieran la audiencia de resolución hasta las dos de la tarde. Tocó seguir esperando, como lo ha hecho la familia de Victorio por cuatro años.
¿Qué le pasó a Victorio?
Era septiembre 23 del 2020 por la tarde en Nueva York, cuando Victorio vio una notificación de la aplicación de Doordash para recoger un pedido. Salió enseguida, y su hermano Elías, esperaba verle de regreso en el departamento –que compartían– para cenar juntos. Victorio, con sus hermanos, migraron de la Montaña de Guerrero a la Gran Manzana desde hace casi 20 años. Crecieron en una familia que habla me’phaa, o tlapaneco, una de las múltiples lenguas indígenas que se hablan en Guerrero.
Victorio tomó su bicicleta eléctrica y a diez minutos de donde vivía, fue atropellado por el carro de Yeramil Álvarez, de 24 años, en la esquina de la calle este 180 y la avenida Grand Concourse. Victorio se rompió el cuello cuando su cuerpo pegó el borde de la banqueta y Álvarez huyó de la escena.
Tres días después, Victorio murió en el hospital St. Barnabas del Bronx. Su familia en Guerrero se despidió virtualmente de él, no tuvieron oportunidad de tramitar visas humanitarias a tiempo ni acompañamiento en el proceso, el Consulado de México estaba cerrado.
La muerte del guerrerense produjo una serie de vigilias, y manifestaciones en Nueva York por los derechos laborales de los repartidores de comida, o deliveristas, como se hacen llamar. La mayoría de estos trabajadores esenciales son personas de color y migrantes. A pesar de que han creado nuevas leyes para protegerles, su cumplimiento es mínimo, hay disputas y divisiones, por lo que siguen siendo un grupo vulnerable que se arriesga diario para ganarse la vida en las calles.
El grupo de deliveristas El Diario de los Delivery Boys, ha registrado más de 40 casos de repartidores atropellados. La mayoría de estos casos quedan impunes, nunca llegan a la corte porque las familias temen ser penalizadas por su estatus migratorio. Un reporte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ilustra cómo el miedo en ser deportados detiene a migrantes en reportar crímenes y procesos judiciales.
El hermano de Victorio, Elías, y el resto de la familia con la comunidad aliada, buscan que el caso no sea olvidado por el sistema.
La impunidad y el olvido después de la muerte
La muerte de Victorio fue cubierta en múltiples medios de comunicación entre el 2020-2021, pero después de un año, se le hizo poco seguimiento al caso. Noticieros locales como el Bronx Daily, Noorwoord News, mexicanos como Pie de Página, El Sur de Acapulco y Amapola Periodismo, hasta revistas estadounidenses narrativas como The Nation, cubrieron el tema a fondo.
Pero después de la muerte, asecha el olvido, y en este caso, también la impunidad.
A Elías lo actualizaban de la investigación de su hermano en inglés solamente y la ayuda que tuvo en el proceso fue mayormente de la comunidad y organizaciones locales como Mixteca. El cónsul mexicano, Jorge Islas, fue a la primera vigilia el 8 de octubre 2020, y no se presentó más. Elías recuerda que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un reporte de cómo le ayudaron en la repatriación de su hermano, sin embargo, él hizo todo por su cuenta.
En septiembre del 2022 le llegó una llamada a Elías informándole de que habían arrestado al acusado por no llevar licencia. Estuvo un mes y medio en la cárcel. Después pagó la fianza y se fue, cosa que no esperaba Elías ya que había sido el culpable de la muerte de su hermano.
Procedió a llamar a la fiscalía de la ciudad, pero no obtuvo respuesta. Con ayuda del traductor de Google envió en inglés correos electrónicos a la fiscalía para exigir un seguimiento del caso. A los dos días le regresaron la llamada.
Tuvieron nueve audiencias desde 2023. Al principio, Elías le pidió al juez permiso para grabar y usar sus audífonos para traducir con Google al momento. Fue hasta la última, en marzo 2024, donde se dictó la sentencia, en que hubo un intérprete oficial.
La audiencia de resolución
La policía afuera de la sala #600 preguntaba al grupo, sólo en inglés, a quién estaban esperando. Hacían caras de disgusto cuando pronunciaban el nombre del fallecido en español. Después de un rato, la policía finalmente lo identificaba como “Victor Guzmán”, no Victorio, y omitieron su primer apellido. Cuando anunciaron que el caso se iba a mover en la tarde, sólo lo dijeron en inglés. El fiscal le avisó a Elías por mensaje.
Finalmente, a las 3:07 pm –cinco horas tarde de la hora programada– el grupo entró a la Corte donde se pronunció la sentencia al acusado, Yeramil Álvarez. Sería la audiencia final del día.
La familia y los demás aliadxs de la comunidad se sentaron en las últimas tres filas del salón en el lado opuesto del acusado. La mayoría del grupo era de Guerrero, y representantes del Consejo de Pueblos Originarios.
En la audiencia, se les dio la oportunidad de hacer declaraciones a Elías y a Próspero Martínez, migrante mixe de Tlahuitoltepec, Oaxaca, y vocero del Consejo. Antes de que empezaran, entró a la sala un intérprete para que se tradujera al inglés simultáneamente las declaraciones y lo que restaba de la audiencia.
Elías empezó. Con la mano temblando un poco, sacó de un sobre su declaración impresa. Desde un inicio se dirigió a Álvarez preguntando las razones de sus acciones, razones que hasta el día de hoy, no comprende.
“Quisiera entender el perdón, pero eso sólo está en manos de Dios y en el corazón de cada uno, no hay odio, no hay deseo de sufrimiento alguno”, dijo Elías.
Al dirigirse al juez, Elías agradeció poder haber tenido acceso al sistema de justicia criminal en Estados Unidos. Al ser de pueblos originarios, Elías enfatizó que tienden a ser discriminados y aislados de los sistemas de justicia, tanto en México como de este lado de la frontera.
Elías comentó al Molino Informativo, que su declaración tuvo “palabras suaves” y que siguió un formato que la Oficina de Servicios a las Víctimas de la ciudad le proporcionó.
Luego, fue el turno de Próspero Martínez.
“No hay palabras para curar la herida de un familiar, no hay forma de reemplazar un vacío”, declaró el vocero del Consejo de Pueblos Originarios al juez.
Martínez habló sobre la marginalización de la gente indígena en México, y que este caso no es la primera vez en la cual la familia Hilario Guzmán ha enfrentado la discriminación. Además, destacó el papel esencial de los deliveristas en el pico de la pandemia como trabajadores esenciales.
“Durante [la pandemia], se arriesgaban las vidas. Lo que sólo sabemos hacer los migrantes es trabajar, como estaba haciendo nuestro hermano con mucha dignidad.”
Terminó reflexionando que, en la cosmovisión de los pueblos originarios, Victorio ya está en un lugar seguro.
“Y que vivan los pueblos originarios,” concluyó Martínez.
Durante declaraciones, el intérprete falló en traducir claramente las palabras de los dos oradores. El intérprete tartamudeaba bastante y no sabía cómo traducir ‘pueblos originarios’ al inglés.
El juez pronunció la sentencia de Álvarez: uno a tres años en prisión si tiene buen comportamiento. Cuando esté libre, se le suspenderá su licencia de conducir en Nueva York por un año.
La sentencia de un año es la mínima que se da por un homicidio involuntario.
Claramente, este caso, como muchos otros, el homicidio de un migrante indígena fue minimizado por la Corte. La justicia llegó gracias a los esfuerzos de la comunidad pero no fue suficiente.
El representante del acusado se dirigió a la audiencia: “Yo pienso también que algunas personas van a pensar que la sentencia es muy baja, pero la sentencia está en acuerdo con la ley del estado de Nueva York”, afirmó. “Estoy obligado a aplicar la ley como está escrita.”
Terminó la audiencia. ¿Ahora qué?
Al terminar la audiencia, el grupo que apoya a la familia Hilario Guzmán bajó al primer piso y sacaron sus pancartas y cartulinas, que han llevado a todas las audiencias y vigilias en apoyo a Victorio desde el 2020.
Se supone que la justicia ya estaba dictada, pero Ruben y Celso Hilario Guzmán, dos hermanos más de Victorio, tenían la mirada desencajada, con una herida tan profunda que atravesaba desde Nueva York hasta Guerrero.
“Hoy finalmente se cumple una etapa, hoy finalmente la justicia, siempre tardía para nosotros, llegó”, expresó Martínez en el micrófono. Relató que mientras se cierra este caso de Victorio, la lucha por comunidad migrante no debe terminar ahí.
“Hoy escuchamos las palabras del juez, que ciertamente, la justicia del estado de Nueva York no ha sido contundente. Pero hoy también, nos queda claro cuál es el trabajo que le queda a la comunidad,” Martínez dijo al grupo.
Los deliveristas continúan luchando para que sus compañeros asesinados –mientras hacen su trabajo– no vayan a ser olvidados y que la ciudad de Nueva York y las compañías tomen responsabilidad por las vidas de estos trabajadores esenciales, ya que siguen ocurriendo muertes, como la del joven guatemalteco Endy Donaldo Gonzalez Gómez, de 19 años, quien perdió la vida el pasado 8 de marzo en hechos que están bajo investigación.