El derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos se aprobó en 1919 y se convirtió en ley en agosto de 1920. Sin embargo, a pesar de este avance histórico, las mujeres todavía enfrentan diversos problemas al acudir a las urnas en momentos críticos. Irónicamente, muchas de las cuestiones que dieron origen al movimiento feminista siguen estando vigentes.
Durante la rueda de prensa convocada por Ethnic Media Services, el pasado 08 de marzo en el marco de Dia Internacional de la Mujer, las oradoras discutieron los desafíos que enfrentan las mujeres a la hora de ejercer derechos fundamentales como la paridad salarial, el control de armas, los derechos reproductivos y la lucha por una representación equitativa en los cargos de poder. Estos temas ponen de manifiesto la importancia continua del movimiento feminista y la necesidad de seguir trabajando para lograr la igualdad de género en todos los aspectos de la sociedad.
Al respecto Maya Kornberg, investigadora del Programa de Elecciones y Gobierno del Centro Brennan para la Justicia de Nueva York, presentó un informe reciente que analiza la violencia hacia las mujeres electas y el impacto dispar que enfrentan las mujeres racializadas, que son candidatas o electas. Kornberg dijo que en este estudio “lo que encontraron fue bastante desgarrador”. En primer lugar, “descubrimos que el abuso es generalizado”, ya que más del 40% de los funcionarios locales ha experimentado amenazas o ataques en los últimos años, mientras que el 20% de los titulares de cargos locales, señalaron que este abuso los hacía más renuentes a tener contacto con los electores, tanto en línea como en público.
“Cuando se tienen en cuenta estas formas menos graves de abuso, casi el 90% de los legisladores estatales y más de la mitad de los titulares de cargos locales habían experimentado alguna forma de abuso”, siendo más evidente en las comunidades marginadas. Aunque los funcionarios locales y estatales, sin importar su etnia o identidad de género experimentaron este abuso, las mujeres y las personas racializadas son las más afectadas; señaló Kornberg. Añadió que las mujeres que ocupaban puestos en las legislaturas estatales, tenían casi cuatro veces más probabilidades que los hombres de sufrir abusos de naturaleza sexual.
Por otro lado dijo que el abuso dirigido a comunidades marginadas como mujeres, afrodescendientes, minorías religiosas y personas LGBTQ, se caracteriza por ser misógino, racista, antisemita, islamófobo y homofóbico. Este tipo de violencia ataca directamente la identidad de estas personas, lo que representa no solo un problema para la seguridad de los funcionarios, sino también “una amenaza para nuestra democracia”.
El Centro Brennan, también encontró que las amenazas detrás de las urnas está presente, pues los funcionarios son amenazados y acosados debido a su trabajo. Una de cada tres funcionarios electorales es mujer, lo que representa un 80% del total. Kornberg recomendó que los estados permitan el gasto de campaña en seguridad, para frenar estos abusos. Es tremendamente importante que, tanto los gobiernos estatales como el federal, ofrezcan a los titulares de cargos la capacitación, las herramientas, los servicios de salud mental y la seguridad, que necesitan para realizar su trabajo. Los estados regulan los casos abiertos y ocultos de portación de armas donde los funcionarios interactúan con el público.
Por otra parte, Mónica Simpson, Directora Ejecutiva de Sister Song, se enfocó en la salud reproductiva de las mujeres negras. Subrayó que “la justicia reproductiva se refiere al derecho humano a tener hijos, poder criarlos y que todos podamos vivir en comunidades seguras y sostenibles, para poder prevenir el embarazo sin vergüenza pero con dignidad, así como poder tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras familias y nuestro futuro”.
Hizo hincapié en los impactos de la decisión Dobbs v. Jackson, que finalmente terminó con Roe v. Wade y las bandas abortistas atroces que están surgiendo en todo el país. Según Simpson, “cuando se trata de la crisis de salud materna en este país, especialmente la salud materna negra, esto se refleja en un acceso desigual a la educación y los intentos arraigados en la supremacía blanca para restringir aún más nuestra autonomía corporal, particularmente en relación con la Fecundación In vitro (FVI), anticoncepción, sexo y más”, aseguró Simpson.
Antes de la decisión en el caso Dobbs, en estados como Mississippi, donde solo había una clínica de abortos, las barreras económicas y la Enmienda Hyde dificultaban mucho el acceso al aborto legal. Durante la primera mitad del 2023, casi una de cada cinco paciente, tuvo que viajar fuera de su estado para recibir atención de aborto, aseguró Simpson.
Finalmente recalcó que vivimos en “desiertos de anticoncepción” donde muchas personas, especialmente las mujeres negras, no tienen acceso a la atención médica necesaria para controlar su fertilidad. La falta de acceso a Medicaid en estados con leyes restrictivas sobre el aborto, pone en peligro la salud reproductiva de estas comunidades. Es crucial abordar las intersecciones entre los sistemas que perpetúan la supremacía blanca, incluyendo el racismo estructural en el sistema de atención médica, que impide a las mujeres negras tener embarazos saludables.
Por otro lado, Ai-Jen Poo, Presidenta de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, expresó que “necesitamos más cuidado que nunca como país”, ya que en un solo día nacen 10.000 niños y aproximadamente 10.000 personas cumplen 65 años. A pesar de los avances en salud y tecnología que nos permiten vivir más tiempo, no contamos con programas nacionales para apoyar a las familias en el cuidado de los niños o brindar licencia médica y familiar remunerada. Actualmente, existen 53 millones de cuidadores familiares sobrecargados, principalmente mujeres, y más de 7 millones de trabajadores sanitarios mal remunerados.
La coalición “El cuidado no puede esperar”, tiene una agenda en la que se plantea la creación de un programa federal que brinde servicios médicos y familiares remunerados, permitiendo a las personas tomarse un tiempo fuera del trabajo sin temor a perder sus ingresos o el empleo. Además, propuso aumentar el acceso a la atención para diferentes grupos vulnerables y garantizar salarios dignos en los trabajos relacionados con el cuidado. Es difícil imaginar mantenerse a uno mismo y criar una familia con un ingreso anual medio de 23.000 dólares al año en cualquier país o comunidad.
Jen Poo declaró que los trabajadores se están organizando en todo el país debido a la epidemia de trabajo con salarios bajos en Estados Unidos. La pandemia reveló la esencialidad de muchos trabajadores y la necesidad de tratarlos, valorarlos y compensarlos como tales. Existe una creciente conciencia sobre la desigualdad y los desafíos que enfrentan los trabajadores, lo cual ha motivado a más trabajadores jóvenes a unirse a sindicatos y movimientos laborales. En este sentido, cada vez más trabajadoras del cuidado están exigiendo mejores salarios y políticas en beneficio de todos, sostuvo.
Shikha Hamilton, Vicepresidenta de organización de Brady, una organización bipartidista de prevención de la violencia armada, la más antigua del país, añadió que su objetivo liberar a Estados Unidos de la violencia armada, “cambiando leyes, la industria de las armas y los corazones y mentes”. Llegó al movimiento como madre preocupada por el futuro de sus hijos en Detroit y se unió a cientos de mujeres para organizar una histórica protesta. Considerada la más grande sobre armas en E.U., contó con más de 750.000 personas reunidas en el National Mall y miles más en otras ciudades.
El impacto fue casi inmediato, apuntó Hamilton, ya que la legislación sobre seguridad de armas comenzó a avanzar en las cámaras estatales y los organizadores lideraron una marcha con miles de personas. En respuesta a la presión popular, varios defensores de la NRA fueron expulsados del Congreso en las elecciones de 2000 y dos estados aprobaron un referéndum para cerrar vacíos legales en exhibiciones de armas.
Según Hamilton, después de haber hecho el llamado, la acción no ha cesado y todavía sigue vigente. Durante los últimos 20 años, 1 millón de madres manifestantes han llevado la antorcha del activismo y el compromiso cívico en todo Estados Unidos, ayudando a aprobar leyes de seguridad de armas. Actualmente, más de 15 ex manifestantes sirven en el Congreso, priorizando la lucha contra la violencia armada, concluyó.