Por Ingrid Sánchez / Fotografías de Candy Sotomayor y Miguel Gutiérrez en colaboración con Global Exchange y Península 360 Press
“Aquí nadie nos escucha, nadie nos va a escuchar”.
Fue el reclamo de víctimas de la represión militar en Ayacucho, Perú, a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recién visitó este departamento.
El reproche tuvo el timbre del dolor reavivado por los militares que, pisando fuerte, recorrieron Ayacucho una vez más. La última vez que dispararon contra la población fue hace casi 40 años, durante el conflicto armado interno que dejó, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, alrededor de 70 mil muertos.
El 15 de diciembre, el Ejército volvió a dejar a su paso calles cubiertas de muertos.
En el encuentro con la CIDH se denunció que la disolución de las movilizaciones sociales de finales de diciembre fue sumamente violenta, con empleo de armas de guerra a discreción disparando a matar, lo que refleja la muerte violenta de las 10 víctimas y la gran cantidad de heridos.
El gobierno de Dina Boluarte que asumió la presidencia el 7 de diciembre tras la destitución de Pedro Castillo, centró la represión en Ayacucho -“rincón de los muertos” en quechua-; el desprecio que dormitaba al interior del Estado contra esta región de la sierra andina se reactivó tras la relativa tranquilidad que hubo con Castillo Terrones.
Lima mira con desconfianza a Ayacucho. Las personas que migran a la capital peruana desde esta región no son bienvenidas.
Para los limeños portan el estigma de “terroristas”, apelativo endosado no sólo aquellos que militaron en las filas del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) -organización proscrita desde la palabra hasta la memoria- durante el conflicto interno. Se extiende a quienes sean “sospechosos” u originarios de regiones donde los comunistas tuvieron influencia.
El 15 de diciembre Ayacucho se sumó al paro convocado por varias regiones del país en demanda de una Asamblea Constituyente que redacte una Nueva Constitución, y el cese de la represión que ya se ha presentado en el sur peruano como Andahuaylas o Cusco.
Los convocantes al paro pidieron a los ayacuchanos tomar el Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte. Sabían que de ahí saldrían las naves cargadas de militares con las bayonetas caladas y con rumbo sur.
Los ayacuchanos no dudaron y tomaron la terminal. Horas después el Estado respondió con toda su fuerza: durante cinco horas silbaron las balas en el Alfredo Medívil. Despues de las 5:00 de la tarde, aproximadamente, comenzó la persecución de los manifestantes entre las colonias aledañas.
Los impactos de las balas son el testigo mudo de la violencia del gobierno de Boluarte.
Donde hubo caídos el suelo está un poco más limpio que alrededor. Los deudos lavaron con agua bendita la sangre de sus esposos, hijos, hermanos, sobrinos o nietos.
Pese al derramamiento de sangre y el dolor las familias no se van a quedar calladas y conformaron la Asociación de los Familiares de los Asesinados y Heridos. Comenzaron la tortuosa lucha por la justicia.
Quizá esa histórica combatividad y fuerza del pueblo ayacuchano es la razón que enardece a las élites economícas, políticas, y al actual Estado para ensañarse con la región. No importa si es el siglo XIX, XX o XXI. La represión es la misma.
He encontrado sus ropas, sus calaveritas
“Entonces yo encontré. Mi esposo ha desaparecido el 17 de julio pero yo encontré el 15 de agosto. Pero así buscando, he encontrado sus ropas, sus calaveritas, sus huesitos, lo que ha sobrado de los perros”.
El testimonio es de “Mamá Lidia” quien habla ante la camisa agujereada de su esposo, resguardada en el Museo de la Memoria de Ayacucho; su relato suena actual pero se remonta a 1984, cuando su pareja fue asesinada por los militares.
“Mamá Lidia” explica –mientras introduce un dedo en uno de los agujeros de la última prenda que usó su marido– que encontró su cuerpo abandonado en un río. Revive que además de la descomposición, sus restos habían sido ultrajados quizá por perros o la fauna local.
Con su fuerte acento quechua cuenta que Huamán fue detenido afuera de su casa y luego asesinado por no portar su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Esta mujer, con su vestimenta tradicional, su cabello negro trenzado y enguajando las lágrimas que le brotan al recuerdo de su esposo, es la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) que desde 1982 se enfoca en la recuperación e identificación de las víctimas de la violencia de conflicto armado interno y justicia para las familias.
“Me dijeron, ‘en esta calle hay muertos. En esta otra calle, hay bastantes muertos’. En eso yo encontré a mi esposo”, explica Lidia al recordar la respuesta de las autoridades de la época.
La Fiscalía de Ayacucho se negó a recoger el cuerpo porque “el juez está ocupado” así que ella regresó al río, recogió en una sábana los restos y los depositó en la mesa del juez con el reclamo de la falta de auxilio.
Con la entereza propia de su pueblo se llevó a Huamán y lo enterró, tras lo cual comenzó su militancia en el Anfasep con la intención de dar con los culpables.
Lidia es un caso de “éxito” en la búsqueda de familiares pues encontró los restos de su pareja. Otras llevan 40 años sin saber de sus esposos, madres, hermanos o hijos. Ahora, la violenta represión del 15 de diciembre abrió varias heridas entre algunas integrantes de la asociación. El horror de la violencia les avivó el dolor de ser víctimas.
Como el de Paula Aguilar, una mujer que no habla español. En quechua explica que su madre y su hermano fueron desaparecidos por el ejército en la década de 1980 y no los ha encontrado. Ahora, su sobrino-nieto fue una de las 10 personas asesinadas por los militares el 15 de diciembre.
José Luis Aguilar regresaba del trabajo cuando se topó con la persecución militar en las colonias aledañas al aeropuerto. Intentó esconderse pero una bala lo alcanzó en un cruce de calles. Se llevó la mano a la cabeza y se desvaneció; otro joven lo arrastró hasta una banqueta donde falleció.
“Me siento triste, es como que he vuelto a revivir ese año que ha pasado porque en esa fecha, los militares mataban y ahora es lo mismo. Los militares han matado. Y por eso revivo lo que pasó en los años 80”.
Explica Paula en su lengua materna, el quechua. La distancia lingüística de su testimonio no es impedimiento para percibir su dolor en su tono y gestos.
Su mayor preocupación es el futuro del hijo de José Luis, de dos años de edad. Paula enfatiza que en situaciones así el Estado debería dar una reparación económica a las familias de las víctimas de la represión.
Ayacucho es una de las regiones más marginadas del Perú.
Para llegar a casa de Paula, en uno de los extremos de Huamanga –capital del departamento– es necesario llegar a la última parada de una ruta de camiones y luego ascender durante 25 minutos –por entre tierra y piedras sueltas– a la cima del cerro donde habita.
Esa marginación llevó a que la región fuese el epicentro del trabajo del PCP–SL desde antes de la “Guerra Popular”, nombre que el Partido le dio al conflicto acaecido entre 1980 y 1990.
Entonces, el Estado peruano que desde el cómodo centro limeño ignoraba a Ayacucho, no reaccionó ante las primeras acciones militares del Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso en 1980. Hasta dos años después la milicia peruana plantó cara al Ejército Guerrillero Popular –designación que Sendero Luminoso dio a su organización militar-y se desató el horror.
El conflicto interno no es la única etapa violenta de la que Ayacucho ha sido testigo. En 1824 tuvo lugar la última batalla contra los españoles, con cuya cuota de sangre y dolor se selló la independencia de lo que hoy es Perú y se sepultaba al Virreinato del Perú.
La población quechua hablante explica el significado del nombre de la región: Aya es “muerto” y k´uchu significa “rincón o morada”. Ayacucho, ya fuera en la lucha independentista, en las dos décadas del “conflicto interno” o en el levantamiento contra Dina Boluarte, suma caídos al “rincón de los muertos”.