La orden del presidente, emitida en su primer día en el cargo, afectaría a las infancias nacidas de padres indocumentados, pero también afectaría a aquellas infancias nacidas en familias con visados temporales en Estados Unidos, como los trabajadores con visa H-1B. Varias organizaciones de derechos civiles han presentado demandas y otros recursos legales en contra la orden ejecutiva de Trump.
Los expertos predicen que 255.000 niñas y niños se verían afectados, cada año, por esta nueva política, creando una subclase de 2.7 millones de infancias para 2045. Muchos de estos niños quedarían prácticamente apátridas.
Cabe recordar que la ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrada en la 14ª Enmienda y se ha considerado un derecho extendido a cualquier niña o niño nacido en EU desde 1868. La orden ejecutiva de Trump intenta definir quién puede ser estadounidense y quién puede participar plenamente en nuestra sociedad actual.
El director de Immigration Advocacy en la Asian Americans Advancing
Justice Martin Kim, al comenzar su intervención en la conferencia de prensa semanal de American Community Media recordó que “los opositores a la ciudadanía por nacimiento siempre consideraorn esto como una amenaza, incluso antes de la 14ª Enmienda, de hecho los esclavistas tenían estas mismas opiniones restrictivas de la ciudadanía”. Lo que hay que entender, en palabras de Kim, es que “el presidente Trump no puede cambiar la constitución sólo con firmar una orden ejecutiva”.
“Nuestro argumento principal –explica Kim– al responder a esta orden ejecutiva es que la idea de que la ciudadanía se puede quitar sobre la base de los caprichos de una persona, en este caso Trump, debilita la ciudadanía para todo mundo, porque podemos ver a qué puede llevar esta orden ejecutiva, que se enfoca en debilitar el estatus migratorio de un sector específico, aunque lo que está de fondo es subrayar que Trump tiene el poder de decidir quién puede ser un ciudadano o ciudadana en Estados Unidos”.
Julia Gelatt, directora asociada del US Immigration Policy Program at the
Migration Policy Institute, sostiene que a partir de diversos análisis pueden decir que “el objetivo de esta orden ejecutiva es producir la migración ilegal y reducir el tamaño de la población indocumentada migrante, sin embargo consideramos que se generará el efecto opuesto: un incremento de hasta 2.7 millones de personas, en los próximos 10 años”.
“De esta cifra, al menos 1.7 millones serían nacidos en Estados Unidos pero sin estatus migratorio definido, serían los y las nietas de otras personas que tampoco tienen estatus migratorio legal. Esta orden ejecutiva tendría un efecto en varias generaciones si fuera aprobada”, señala Gelatt. “Estas infancias vivirían sin acceso a servicios médicos o algún tipo de seguridad social, sin prospectos de tener educación o de tener un trabajo legal en Estados Unidos. Esta medida eliminaría la integración en la sociedad”.
La situación en Estados Unidos, con esta y todas las demás órdenes ejecutivas no es sencilla, se pone a prueba el aparato judicial y el sistema mismo, el cual, además de tener los recursos para frenar las decisiones o caprichos de una persona también podría doblegarse. La moneda está lanzada al aire al igual que el futuro de muchas generaciones.