Con la futura toma de posesión del presidente electo Donald Trump, una serie de programas federales de salud podrían enfrentar significativos recortes presupuestarios. En un esfuerzo por controlar la inflación y reducir la deuda nacional, se anticipa que estos recortes afecten a Medicaid, el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), entre otros componentes esenciales de la red de seguridad social. Estos programas prestan servicios vitales a más de 85 millones de personas en los Estados Unidos. Por esta razón, Ethnic Media Services llevó a cabo una conferencia donde expertos del sector discutieron las posibles repercusiones de estos recortes.
El panel incluyó a Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias y profesora de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de Georgetown, quien habló sobre la importancia de Medicaid. Mayra R. Álvarez, presidenta de la Asociación de Niños Myrope, se centró en CHIP y SNAP, mientras que Richard Kogan, miembro senior del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, ofreció un análisis del proceso de embargo, mediante el cual el presidente podría retener fondos ya asignados por el Congreso.
Alker comentó que, “aunque Medicaid no fue un tema central en la campaña presidencial, se ha convertido en uno de los más debatidos debido a las posibles reducciones presupuestarias. Medicaid es un programa clave en Estados Unidos, diseñado para servir a personas de bajos ingresos y cubrir brechas en Medicare, especialmente para las personas mayores y aquellas con discapacidades severas”.
La importancia de Medicaid es indiscutible, pues garantiza casi la mitad de la cobertura médica de las infancias estadounidenses, siendo fundamental en áreas como la salud conductual y el tratamiento de abuso de sustancias. A pesar de las promesas de Trump de no recortar Medicare, la Seguridad Social o el presupuesto de Defensa, Medicaid sigue en riesgo. Alker advirtió sobre la potencial rapidez con la que el Congreso podría actuar al respecto, urgencia compartida por Álvarez, quien también respondió preguntas sobre las consecuencias para los niños frente a estos recortes presupuestarios.
Álvarez destacó: “Quienes están familiarizados con la Asociación de Niños saben que defendemos el derecho de cada niño a una vida saludable, una familia sólida y una comunidad segura y acogedora. Más de 72.5 millones de niños enfrentan desafíos para vivir vidas sanas, y cinco millones de ellos tienen al menos un progenitor indocumentado”. Especialmente alarmante es la situación de los niños en California: “donde residen 9 millones de niños, tres de cada cuatro son niños de color y la mitad tiene al menos un padre migrante; de este grupo, el 97% son ciudadanos estadounidenses”.
El bienestar infantil podría estar amenazado por la agenda de Trump, presentada bajo el Proyecto 2025 y los planes presupuestarios republicanos, los cuales podrían aumentar la pobreza y reducir las oportunidades para los jóvenes. El Proyecto 2025 sugiere, además, complicaciones adicionales para el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
La presentación de estas propuestas sucede en un entorno donde los precios de los alimentos han subido de manera desproporcionada en comparación con los salarios, aumentando un 24% entre 2020 y 2023, lo cual subraya la urgencia de los programas de asistencia. La administración Trump podría buscar implementar políticas que reducirían significativamente los beneficios de SNAP, afectando potencialmente a más de 40 millones de personas que dependen del programa como primera línea de defensa contra el hambre, señaló Álvarez.
Los economistas han demostrado que cada dólar invertido en SNAP genera $1.54 en actividad económica. A pesar del claro beneficio económico de estos programas, el riesgo de recortes genera preocupaciones. Asimismo Álvarez advirtió que, “podrían eliminarse el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) y financiarse de manera restrictiva el Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), afectando su capacidad para ayudar a las familias en necesidad. Adicionalmente, la retórica antimigrante ha impactado negativamente, provocando que muchos posibles beneficiarios de asistencia social no la soliciten por miedo a las implicaciones”.
En relación a la expansión de Medicaid para los residentes indocumentados en California, Álvarez recordó que la cobertura actual se financia con fondos estatales. Sin embargo, un tercio del presupuesto de California depende de la financiación federal, por lo que los recortes en los fondos federales podrían poner en peligro estos servicios críticos.
Ante la posibilidad de recortes, aún no se tiene claridad sobre cómo estos se implementarían, pero los expertos coincidieron en que impactarían negativamente a proveedores y hospitales que funcionan como redes de seguridad para las comunidades vulnerables. “El Proyecto 2025 sugiere requisitos laborales para acceder a Medicaid, una medida que podría complicarse en la práctica”. Alker explicó que Georgia ha implementado dicho requisito laboral de Medicaid, lo que resultó en un caos administrativo y un uso ineficiente de recursos.
Finalmente, el debate sobre el embargo presidencial fue abordado por Richard Kogan. Según Kogan, no existe autoridad general para que el presidente embargue fondos asignados por el Congreso sin seguir un procedimiento constitucional. “La Constitución de los Estados Unidos no otorga al presidente el derecho a embargar fondos; al contrario, establece que el Congreso decide cómo gastar el dinero y cuánto, mientras que el presidente debe ‘velar por la fiel ejecución de las leyes’”.
En conclusión, el panel instó a los periodistas y al público a estar atentos a las acciones del Congreso y de la administración en curso. Subrayaron la importancia de proteger las redes de seguridad social existentes y de ser vigilantes con respecto a cómo los cambios políticos pueden impactar negativamente la vida de las personas más vulnerables en la sociedad. La información y la transparencia son claves para comprender las acciones del gobierno y para participar activamente en el debate público, en defensa de los beneficios fundamentales que los programas de asistencia social brindan a millones de personas en los Estados Unidos.