Aparentemente en Estados Unidos, estamos ante la mayor inyección de fondos federales para el desarrollo de energías limpias y el combate al cambio climático de toda la historia. Este hecho ha generado una gran expectativa en cuanto a las posibilidades de mejorar la calidad de vida en diversas comunidades, especialmente aquellas más desfavorecidas. Una porción significativa de estos fondos federales –aproximadamente el 40% de $27 mil millones de dólares–, se destinará a localidades que enfrentan mayores costos energéticos per cápita y están sobrecargadas por la contaminación.
Sin embargo, surge la pregunta: ¿Cuánto saben estas comunidades acerca del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GGRF por sus siglas en inglés), una piedra angular de la Ley de Reducción de la Inflación aprobada hace dos años? Más importante aún, ¿cómo pueden estas comunidades con altas cargas energéticas acceder a subvenciones para proyectos climáticos y de energía verde? ¿Cuáles son las regiones con mayores necesidades, y cómo pueden presentar sus solicitudes las organizaciones locales, incluidas las sin fines de lucro?
El papel clave del GGRF
Ethnic Media Services en su conferencia semanal reunió a un panel de expertos y partes interesadas locales para analizar en profundidad el GGRF. Durante la conferencia, se explicó cómo esta inversión histórica tiene el potencial de reducir los costos energéticos en los hogares y mejorar las condiciones de vida en comunidades de bajos ingresos y trabajadoras. Profesionales del sector detallaron que estas inversiones no sólo tendrán un impacto positivo en la reducción de emisiones, sino que también pueden fortalecer la resiliencia económica y ambiental de las comunidades más vulnerables.
David Widawsky, Director de la Oficina del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GRF, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), afirmó que “la importancia de esta iniciativa derivada de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, este fondo histórico de $27 mil millones de dólares, busca capitalizar el sector privado para enfrentar la crisis climática, asegurar la competitividad económica y energética, promover la independencia energética y ofrecer costos de energía más bajos, particularmente en comunidades históricamente marginadas”.
Widawsky destacó que el GRF se compone de tres programas de subvenciones: el Fondo Nacional de Inversión Limpia de $14 mil millones, enfocado en préstamos a nivel nacional; el programa Solar para Todos de $7 mil millones de dólares, centrado en la energía solar residencial y su almacenamiento a nivel estatal; y el programa Acelerador de Inversión en Comunidades Limpias de $6 mil millones, destinado a préstamos comunitarios. Señaló que “los tres objetivos principales del GRF son la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, brindar beneficios a comunidades desfavorecidas y movilizar capital privado”.
Impacto y alcance del GGRF
Widawsky mencionó que la EPA otorgó recientemente los $27 mil millones en subvenciones a 68 beneficiarios, quienes se encargarán de implementar estos fondos en proyectos que incluyen energía solar, eficiencia energética en edificios y transporte de emisiones cero. Destacó que el programa Solar para Todos tiene $7 mil millones destinados a 60 beneficiarios en todo el país, con el objetivo de apoyar la energía solar comunitaria y residencial. Paralelamente, el acelerador de Inversión en Comunidades Limpias ha asignado $6 mil millones a cinco beneficiarios.
Por su lado, Shalanda H. Baker, vicerrectora principal de sostenibilidad y acción climática de la Universidad de Michigan, subrayó la necesidad de ofrecer contexto antes de analizar el impacto del GGRF. Baker referenció las órdenes ejecutivas firmadas por la administración Biden-Harris, que impulsan la equidad y abordan la crisis climática. Entre ellas, la Orden Ejecutiva 13985 promueve la equidad racial y la Orden Ejecutiva 14008 se centra en la crisis climática con la iniciativa Justice 40, que garantiza que el 40% de los beneficios de los programas federales lleguen a comunidades desfavorecidas.
Desigualdades en la energía y la transición equitativa
Baker resaltó datos del gobierno que muestran que uno de cada tres estadounidenses enfrenta inseguridad energética, especialmente en comunidades de bajos ingresos y de color. Afirmó que, “estudios indican que más del 52% de los hogares afroamericanos y el 47% de los hogares latinos sufren esta inseguridad, lo que puede llevar a decisiones peligrosas para calentar o enfriar sus hogares”. También mencionó que las tarifas energéticas son regresivas, afectando desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos.
Además, Baker enfatizó que “la transición a la energía limpia ha sido desigual, beneficiando más a las comunidades blancas”. También mencionó la necesidad de capital y la persistencia de problemas históricos como la discriminación bancaria que afecta al acceso financiero en comunidades marginadas. Resaltó la importancia de desarrollar la capacidad y preparación de la fuerza laboral en estas comunidades para aprovechar las oportunidades económicas que ofrece la transición energética.
Electrificación de hogares y oportunidades comunitarias
Evie Bauman y Rosemery Jones, representantes de Rewiring America, destacaron la misión de su organización sin fines de lucro, fundada en 2020 para electrificar todos los dispositivos domésticos y sustituir las máquinas que queman combustibles fósiles por alternativas eléctricas y energías limpias. Aproximadamente el 42% de las emisiones de energía en EE.UU. provienen de decisiones domésticas, por lo que la organización se enfoca en mejorar la calidad del aire y reducir las facturas de energía.
Recientemente lanzaron una calculadora de ahorros en su sitio web para ayudar a las familias a entender mejor los programas de incentivos fiscales y reembolsos disponibles gracias a la Ley de Reducción de la Inflación. Sin embargo, Bauman reconoció que, el costo inicial de estos dispositivos sigue siendo prohibitivo para muchas familias, razón por la cual se asociaron con otras cinco organizaciones sin fines de lucro para formar la Coalición Power Forward Communities. Esta coalición solicitó y recibió $2,000 millones de dólares del Fondo Nacional de Inversión Limpia para desarrollar productos financieros accesibles a todas las familias.
Jones compartió su testimonio sobre cómo estas mejoras han beneficiado a los residentes de Soto, Georgia, gracias a la colaboración con Rewiring America. Destacó las reuniones comunitarias y comentó que “pese al inicial escepticismo, los residentes ahora disfrutan de electrodomésticos eficientes que han reducido sus facturas de energía y mejorado su calidad de vida”.
El futuro de los bancos verdes y las inversiones sustentables
Jessie Buendía, directora de Impacto de la Coalición para el Capital Verde, resaltó que su coalición es una de las tres instituciones financieras nacionales beneficiadas con fondos del GGRF. Estas instituciones, conocidas como bancos verdes, son públicas o sin fines de lucro y se crean con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero. Buendía destacó que “el impacto del cambio climático afecta desproporcionadamente a comunidades de color, de bajos ingresos, rurales y tribales, por lo que su prioridad es asegurar que los beneficios de sus acciones lleguen a estas comunidades”.
Por último, Buendía insistió en la importancia de colaborar con organizaciones de medios para comunicar efectivamente estos beneficios a las comunidades elegibles. Los bancos verdes no solo buscan inversiones del sector público, también catalizan inversiones del sector privado, cruciales para la transición energética, y su misión es eliminar barreras legales y financieras, creando oportunidades para reestructurar la fuerza laboral y las empresas en comunidades desfavorecidas.
Perspectivas finales y colaboraciones futuras
Chrystel Cornelius, presidenta y directora ejecutiva de Oweesta Corporation, presentó un informe sobre el papel determinante de las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) en la provisión de capital y asistencia técnica a comunidades que carecen de acceso a financiamiento convencional. Expresó que, las CDFI han sido fundamentales para apoyar comunidades indígenas y otras poblaciones minoritarias y rurales.
Cornelius resaltó que la financiación otorgada por el GGRF permitirá transformar el panorama económico y energético de estas comunidades, subrayó la necesidad de adaptar los programas de capacitación a las especificidades culturales de cada comunidad, resaltando ejemplos como el programa Solar para Todos de Arista.
Finalmente, Cornelius mencionó que la Coalición Justice Climate Fund, de la cual Oweesta es miembro, busca asistir en el desarrollo de la fuerza laboral y en el financiamiento de proyectos en comunidades marginadas. Con la ayuda del Clean Communities Investment Accelerator, la coalición está comprometida a favorecer un futuro más limpio y sostenible para todas las comunidades.
