Desde su primer mandato, el presidente Donald Trump ha chocado a menudo con California, un bastión de políticas progresistas en materia de migración, sanidad, medio ambiente y cuestiones sociales, las mismas que se oponen a la agenda retrógrada de su administración.
La gran población migrante de California y las leyes que de alguna manera la protegen se han convertido en un objetivo frecuente de ataques por parte de Trump y sus aliados. El estado, mayoritariamente demócrata desde la década de 1990, tras el declive de la influencia republicana luego de la Proposición 187 de Pete Wilson, en 1994, la cual pretendía restringir el acceso de los migrantes a la educación y la salud públicas.
Pocas semanas han transcurrido desde que migrantes fueron objeto de represión y violencia en un encontronazo con el gobierno federal. Las redadas antimigrantes aumentaron las tensiones, miles de personas salieron a las calles a protestar y la respuesta del gobierno de Trump fue el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina. El panel semanal de American Community Media examinará algunas estrategias para una resistencia eficaz.
Jeannette Zanipatin, directora de política y defensa en Coalition for Humane
Immigrant Rights (CHIRLA) afirmó que lo que hoy se está viviendo bajo la administración de Trump es inédito: “Nunca habíamos visto esto, a la gente la están deteniendo afuera de los tribunales de migración e incluso adentro, no les permiten tener abogados y en los centros de detención nos han impedido la entrada, incluso a nosotros, esto es lo que hemos visto luego de las medidas inconstitucionales que se están implementando, la gente puede ser deportada por no asistir a sus citas pero también corre riesgo si asiste a los tribunales de migración porque ICE los puede detener”.
Sin contar aún con datos más precisos pero en el proceso de hacer la estadística, se tiene una noción del incremento de detenciones ilegales sin cumplir con el requisito de tener una orden judicial que avale la detención, en palabras de Zanipatin, “se están haciendo detenciones por cómo lucen las personas, según el perfil racial enfocándose en personas racializadas, y de lo que sí hay números es de la cantidad de personas detenidas que no han realizado ofensas serias, alrededor del 93% y alrededor del 65% no tienen antecedentes criminales, por lo que se cae la retórica que dice que están deteniendo criminales”.
“Los abogados y abogadas tenemos que estar al frente de esta batalla desde el ámbito legal”, precisa Zanipatin.
Quien fuera alcalde de Los Ángeles y actual candidato para gobernador de California, Antonio Villaraigosa, un activista en favor de los derechos de las personas migrantes desde 1972, confirma que no había visto nunca este tipo de acciones llevadas a cabo por el gobierno federal, incluyendo el despliegue de las fuerzas militares contra la población. “Al ver estas detenciones ilegales la gente cree que les están secuestrando como en los gobiernos totalitarios”.
“Este es el momento en que las y los americanos deben unirse, sean latines o no para impedir que se cometan injusticias contra personas que creen indocumentadas o simplemente cuando nuestras libertades civiles se están violando de una manera inédita. Debemos de usar las cortes mientras podamos, a pesar de que se estén desestimando muchos principios legales. Tenemos que insistir en las protestas pacíficas, porque no podemos detener las agresiones físicamente”.
Por su parte, Henry Brady, profesor de ciencia política y política pública en la Universidad de California, Berkeley, señaló que “California representa todo lo que no le gusta, somos un ejemplo de éxito desde las perspectivas que tenemos: enfatizamos la diversidad, cuidamos a las personas migrantes, creamos apoyos estatales para estas personas, hacemos muchas cosas que son la antítesis de lo que quiere hacer el gobierno de Trump con el país. El modelo de MAGA no ha mostrado éxito y no hay duda de que nosotros sí lo tenemos, somos el estado que le causa dolor y quiere deshacerse de nosotros”.
“Trump –continúa Brady– está llevando algunas acciones en contra nuestra: las altas tarifas en los puertos, nos dañará la reducción de Medicaid, los recortes a los programas sociales, los ataques a las universidades. Esto tendrá consecuencias graves en la economía y bienestar de millones de personas”.
Finalmente, Rob Bonta, fiscal general de California, habló desde su ámbito jurídico y de procuración de justicia: “Hemos estado desbordados porque se han presentado 23 demandas en 26 semanas eso hace que casi cada semana haya una demanda en contra de Trump porque violó la ley”.
“Yo no me voy a mover de la postura de que el presidente tiene que cumplir con la ley, él no está por encima de la ley y la tiene que cumplir. Continuaremos llendo a las cortes si las leyes se violan”, concluyó Bonta enérgicamente.