La desinformación, se ha convertido en una herramienta coercitiva más, del gobierno de Donald Trump para crear, manipular y replicar discursos en contra de la comunidad migrante en Estados Unidos. En las últimas semanas, ha circulado una falsa noticia que asegura que el gobierno estadounidense otorgará una amnistía a aquellos migrantes que lleven varios años residiendo en el país. Sin embargo, las personas que estén desde hace cinco años o menos, podrían ser arrestadas y deportadas. Esta información, sin ningún respaldo legal, ha encendido las alarmas entre la comunidad migrante. Ideas falsas que buscan dividir a la población: entre quienes que se sienten “seguros” y los que consideran que no tienen más opción que entregarse.
Mensajes como éste forman parte de un amplio repertorio de fake news que, lejos de informar, buscan erosionar a la comunidad migrante para frenar su organización y resistencia. En medio de la hostilidad, estas narrativas fragmentan, paralizan, siembran pánico, fomentan la autodeportación y aislan a las personas. La difusión de noticias falsas sobre amnistías selectivas no sólo es problemática por su contenido, sino también, por su impacto emocional, político y social.
Multas millonarias y autodeportaciones
Entre las medidas más alarmantes se encuentran las multas desproporcionadas a migrantes indocumentados que pueden alcanzar los 1.8 millones de dólares. Este tipo de sanciones, que desconocen las condiciones sociales de las personas, son una estrategia para obligar a los migrantes a abandonar el país por voluntad propia.
“Si usted está aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más económica de salir de Estados Unidos sin ser arrestado (…). Esta es la opción más segura para nuestras agencias de control de ley, y representa un ahorro del 70% para los contribuyentes estadounidenses”. Mensajes de este tipo aparecen en la página web de CBP Home, una aplicación que el gobierno diseñó para que las personas indocumentadas soliciten por voluntad propia, regresar a su país de origen. La aplicación ofrece diversos incentivos: un bono de $1,000 dólares, asistencia financiera y la promesa de no ser prioridad en las jornadas de arresto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
No obstante, mensajes institucionales como los de CBP Home, no sólo van dirigidos a las personas indocumentadas sino también en los votantes de Trump, para quienes la comunidad migrante pone en riesgo la economía y el estatús de poder de Estados Unidos.
Otra decisión controversial del gobierno en materia de migración, fue solicitar los datos personales de contribuyentes migrantes registrados en el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Ahora, la entidad debe colaborar con agencias de detención como el ICE, poniendo en peligro a miles de migrantes que contribuyen a la economía estadounidense a través de sus impuestos. Esta medida violenta la autonomía de las instituciones.
Las órdenes ejecutivas, las decisiones de las cortes y el endurecimiento de los procedimientos de deportación, están poniendo en tensión al sistema judicial estadounidense. Mientras no exista una reforma migratoria integrial, el fenómeno de la migración y la regularización de las personas indocumentadas, será un caballo de batalla para políticos dentro y fuera de Estados Unidos. Debates, altercados públicos, insunuaciones o confrontaciones directas entre partidos, muchas veces con fines electorales, que dejan en el medio a las personas migrantes que sólo buscan condiciones dignas y una mejor calidad de vida.
El endurecimiento de las políticas migratorias no es un fenómeno reciente ni aislado. Desde finales del siglo XX, la migración ha sido un campo de batalla política en Estados Unidos. Bajo las dos administraciones del presidente Trump, los discursos antimigrantes han alcanzado niveles de alto autoritarismo. Un ejemplo de esto es la alianza diplomática entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y Trump.
En febrero de este año 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio y Bukele, anunciaron un acuerdo que permitía la deportación a El Salvador de migrantes indocumentados, sin importar su nacionalidad, que hayan cometido algún crimen en Estados Unidos. Bajo la excusa, muchas veces injustificada, de ser criminales; cientos de latinoamericanos han sido llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Una cárcel que simboliza la política represiva del presidente salvadoreño.
Éstos son sólo algunos ejemplos de las medidas implementadas por el gobierno estadounidense, que no obedecen a una política con perspectiva humanitaria y de cooperación internacional.
La resistencia no para
El pasado fin de semana, miles de personas se manifestaron en Los Ángeles contra las redadas migratorias ejecutadas por ICE; bloquearon las calles de la ciudad o se interpusieron entre los agentes federales y las personas indocumentadas. La respuesta del gobierno fue enviar refuerzos militares, activando el Título 10 del Código de Estados Unidos sobre Servicios Armados, la cual permite el despliegue federal de fuerzas de la Guardia Nacional si hay rebelión o peligro contra el gobierno.
Ante la represión violenta, la solidaridad de la ciudadanía no se hizo esperar. A lo largo de la administración Trump, se han creado diferentes iniciativas, colectividades y espacios de socialización dentro y fuera de Estados Unidos, a favor de la comunidad migrante. Grupos que generan una red, cada vez más amplia, que celebra la diferencia, la diversidad de lenguas y perspectivas que trae conisgo la migración.
Crece la represión pero también la resistencia. Las imágenes que dejan los enfrentamientos en Los Ángeles, reafirman que en las calles, en los tribunales, en las redes sociales y en las academias, con documentos migratorios o sin ellos, las personas se encuentran en un objetivo común: la dignidad. Un gesto político que construye tejido social.