Bajo la presidencia de Trump, que comienza el próximo 20 de enero de 2025, el sistema educativo estadounidense parece estar en el centro de una serie de cambios significativos. El nuevo presidente y sus aliados han impulsado la idea de reducir el Departamento de Educación, un plan cuya viabilidad política está en cuestión. Además, también se han considerado otras medidas, como destinar o retirar fondos federales a las escuelas en función de su uso de materiales de instrucción inclusivos o de sus programas de diversidad. Se encuentra también entre los objetivos de la administración entrante la implementación de un sistema de vales para fomentar la inscripción en instituciones privadas.
Expertos en el ámbito educativo sugieren que el poder financiero del gobierno federal y el sistema de acreditación podrían emplearse para presionar a las instituciones de educación superior a fin de desmantelar los programas de diversidad, equidad e inclusión. Asimismo, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación podría ser utilizada para priorizar los derechos de los estudiantes blancos. Las universidades podrían enfrentar un éxodo significativo de estudiantes como consecuencia de las nuevas políticas restrictivas de inmigración, generando mayores desafíos financieros.
Ethnic Media Services, en su conferencia semanal, reunió a un panel de expertos para discutir estos temas. Entre los panelistas estuvieron Pedro Noguera, decano de la Escuela Rossier de la Universidad del Sur de California; Thomas Toch, director de charlas de Future Ed de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown; y Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF, la Defensa Legal México-Americana.
¿Qué espera de la administración Trump en materia de educación en general, educación secundaria básica y superior?
Pedro Noguera destacó que es incierto qué hará la administración Trump en materia de educación, señalando posibles conflictos si intentan desmantelar el Departamento de Educación. Afirmó: “Prepárense para la pelea”, sugiriendo resistencia, incluso de otros republicanos, si se eliminan programas vitales como el Título Uno y las Becas Pell, que apoyan a estudiantes de bajos ingresos.
El decano, consideró que gran parte de la agenda de la administración está motivada por una ideología centrada en las guerras culturales. Sin embargo, pronosticó resistencia pública a iniciativas impopulares como los vales, que históricamente han sido rechazadas en votaciones.
Noguera también reiteró que, aunque eliminar el Departamento de Educación no destruiría la educación pública, sí generaría conflictos, especialmente en áreas como la educación especial, que dependen de la supervisión federal. En cuanto a la educación superior, abogó por más diversidad, equidad e inclusión, advirtiendo que la falta de respuesta a la diversidad creciente podría generar resentimiento.
Sobre la posible reducción de financiación educativa, Noguera advirtió que “enfrentaría resistencia bipartidista, dado el apoyo estatal a programas como las escuelas comunitarias y el preescolar universal”. También destacó el éxito en avances educativos locales, como en Compton, y agregó que cambios federales difíciles socavarían estos esfuerzos. En última instancia, Noguera señaló que, históricamente, “la política educativa federal ha sido inconsistente en apoyar verdaderamente a distritos desafiados”.
Políticas nacionales que pueden afectar la educación en nuestras comunidades
Thomas Toch al respecto, expresó incertidumbre sobre las prioridades del gobierno entrante, aunque sugirió que la educación pública no parece ser una prioridad central. Destacó que aproximadamente el 90% de los estudiantes asisten a escuelas públicas, pero el compromiso del presidente electo para mejorar estas instituciones era dudoso.
Toch mencionó que podría haber intentos de reducir la regulación en la educación superior, especialmente para las instituciones con fines de lucro, recordando el historial de Trump con su universidad cerrada por problemas legales. Por otro lado, la administración Biden había reinstaurado regulaciones eliminadas previamente por Trump para proteger a los estudiantes de esos colegios con fines de lucro.
Toch también abordó la complejidad del Proceso de Solicitud de Ayuda Estudiantil (FAFSA) y sugirió que será un desafío para la administración Trump. También mencionó la posibilidad de recortes presupuestarios y cambios en la financiación educativa, dado que los republicanos controlan las tres ramas del gobierno.
Toch opinó que “es clave que los periodistas enfoquen la cobertura de esta administración desde la perspectiva de lo que es mejor para los estudiantes, es importante mejorar las oportunidades para los estudiantes que han sido menos atendidos históricamente”. Señaló que muchos estudiantes enfrentan dificultades académicas significativas, agravadas por la pandemia, con un alarmante 54% de adultos con niveles de lectura por debajo del sexto grado según el Departamento de Educación.
La educación de calidad es crucial, especialmente dada la dinámica cambiante del mercado laboral y la diversidad social en auge. Aunque la Constitución otorga a los estados y distritos la autoridad en educación, Toch enfatizó la importancia del liderazgo federal como proveedor de recursos y guía en pro de la equidad educativa.
Los desafíos que enfrentan los derechos civiles en el ámbito educativo
Thomas A. Sáenz aseguró que, “aunque no se sabe exactamente qué acción tomará la administración, es probable que se utilice una retórica antimigrante y anti derechos civiles”. Remarcó la importancia de proceder con cautela ante las promesas exageradas de la administración, utilizando como ejemplo el muro fronterizo prometido y no realizado con financiación de México.
Al abordar el tema de DACA, Saenz indicó que eliminarlo sería más complicado que durante la primera administración de Trump debido al proceso formal de elaboración de normas establecido por la administración Biden. Resaltó que el litigio existente sobre DACA está en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con MALDEF defendiendo a los beneficiarios de DACA.
Saenz finalizó señalando que aunque la administración tiene control sobre organizaciones como la Oficina de Derechos Civiles y el Departamento de Educación, sus capacidades para cambiar políticas están limitadas sin el consenso del Congreso, el cual está dividido e hizo énfasis en que cualquier intento de erosionar derechos civiles e iniciativas progresistas enfrentaría barreras de legislación y procesos judiciales, asegurando que muchas acciones presidenciales dependen de un Congreso bien equilibrado.
En conclusión, aunque la administración entrante podría intentar cambios sustanciales en el sistema educativo estadounidense, enfrentará resistencia tanto de demócratas como de algunos sectores republicanos. El futuro de la educación en los Estados Unidos dependerá no sólo de las decisiones políticas, sino también de cómo las instituciones y la sociedad civil respondan a estos desafíos.