La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos generó una ola de incertidumbre en las comunidades migrantes del país. Los recientes nombramientos en su gabinete, centrados en la seguridad fronteriza y en endurecer las políticas migratorias, son indicativos de una administración que podría reforzar significativamente las restricciones a la migración. En este contexto, resulta crucial analizar las implicaciones de esta nueva administración para los migrantes en Estados Unidos y los desafíos que podrían enfrentar en los años venideros.
Como respuesta a esta situación, Ethnic Media Services organizó un panel de expertos para evaluar las prioridades migratorias de Trump y examinar las posibles consecuencias para los migrantes y para la nación en su conjunto.
La retórica electoral del republicano –repetida en numerosas ocasiones–, prometía deportaciones masivas y la expansión del muro fronterizo. Sin embargo, ¿qué significa esto en términos prácticos? Según Jeremy Robbins, director ejecutivo del American Inmigration Council, realizar deportaciones masivas no es tan simple como parece. En la actualidad, las autoridades de migración gestionan alrededor de 50,000 detenciones simultáneamente. Si se intentara deportar a los 13 millones de migrantes indocumentados que se estima residen en Estados Unidos, el costo sería de 315 mil millones de dólares, con un gasto anual cercano a 88 mil millones si se deportara a un millón de personas por año.
Desafíos Logísticos y Económicos
Estos retos no sólo son logísticos, sino también económicos. Greg Chen, de la American Immigration Lawyers Association (AILA), señaló que una deportación masiva podría desestabilizar sectores completos de la economía estadounidense, especialmente aquellos que dependen en gran medida de la mano de obra migrante, como la agricultura y la construcción. Asimismo, la actual capacidad de los tribunales migratorios ya está al límite, con más de un millón de casos pendientes que tardan años en resolverse.
Además de los costos directos, las políticas restrictivas de migración también podrían tener repercusiones económicas a largo plazo. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de 2013 indica que otorgar un estatus legal a los trabajadores inmigrantes podría tener un impacto positivo de 900 mil millones de dólares en el PIB de Estados Unidos en dos décadas. Por el contrario, reducir la población inmigrante podría causar una disminución del 4.2% al 6.8% en el PIB, “un golpe comparable a la Gran Recesión”, subrayó Chen.
Impacto psicológico y comunitario
Más allá de los números, las políticas de Trump podrían tener un impacto profundo en el tejido social de las comunidades inmigrantes. Elizabeth Taufa, abogada del Immigrant Legal Resource Center, sugirió que las redadas podrían infundir miedo y desconfianza, afectando gravemente la salud mental de estas comunidades. Los inmigrantes indocumentados a menudo son miembros esenciales de sus comunidades y familias, y su deportación podría desestabilizar las estructuras sociales y emocionales que conforman el núcleo de muchas comunidades.
Aspectos jurídicos y la influencia en la política estatal
Aunque los planes de deportación masiva enfrentan numerosos obstáculos, ciertas herramientas jurídicas podrían facilitar su implementación. Julia Gelatt del Migration Policy Institute destacó el uso potencial de la “deportación acelerada” o la movilización de la Guardia Nacional, aunque la legalidad de estas medidas podría ser discutible. Además dijo, las políticas de inmigración federal podrían verse influenciadas por las dinámicas de cooperación entre los estados y el gobierno federal. Los estados republicanos podrían mostrar niveles más altos de deportaciones al cooperar con el ICE, mientras que los estados demócratas podrían oponerse a estas políticas, creando una aplicación desigual de la ley a nivel nacional.
Inmigración legal y derechos de nacimiento
Las políticas de la administración Trump también podrían impactar significativamente la migración legal. Durante su primer mandato, la administración intentó limitar varios programas de visas temporales y revocar el estatus de protección temporal (TPS). Robbins advirtió que Trump podría intensificar estas restricciones. Además, la administración expresó su deseo de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo cual requeriría una enmienda constitucional o un fallo de la Corte Suprema.
Preparativos para la administración entrante
Mientras se perfila la segunda administración de Trump, las organizaciones de derechos civiles exhortan al presidente Biden a actuar con prontitud para proteger a las comunidades migrantes. Chen enfatizó que, “aunque el tiempo de Biden es limitado, todavía puede implementar acciones significativas. Recomienda concluir las regulaciones en curso, que serían vitales. Algunas normativas en el proceso regulatorio federal mejorarían la adjudicación de solicitudes de ajuste de estatus y el funcionamiento de programas como el H1B. Finalizar estas regulaciones, ya avanzadas en fases críticas, complicaría su revocación por futuras administraciones, dado que requerirían un proceso más prolongado que una simple orden ejecutiva”.
Agregó que, “es esencial revisar y derogar políticas de la era Trump que aún persistan”. Un ejemplo es una regulación no implementada que dificultaría a los jueces conceder prórrogas en casos de deportación sin representación legal. Durante la administración Trump, se buscó complicar la determinación de buena causa por parte de los jueces. El gobierno de Biden debería anular esta regulación para evitar su fácil reactivación en el futuro.
En cuanto a la prohibición musulmana, justificada por razones de seguridad, algunos expertos señalaron que estas restricciones podrían ampliarse a otros grupos. Gelatt indicó que las prohibiciones de viaje durante la administración Trump se basaron en la falta de información de seguridad de ciertos países y contaron con la aprobación de la Corte Suprema. La administración otorgó al poder ejecutivo la capacidad de imponer tales restricciones, lo que sugiere que podrían surgir nuevas prohibiciones bajo el pretexto de la seguridad.
Durante la pandemia de COVID-19, se implementaron amplias restricciones a la migración por motivos económicos, a pesar de que la situación económica actual no es similar a la recesión de 2020, no se ha debatido extensamente el interés por medidas restrictivas para limitar la migración.
En conclusión, los panelistas afirmaron que la victoria de Trump en las elecciones de 2024 podrían alterar significativamente el panorama migratorio en Estados Unidos de maneras que siguen siendo inciertas. Las repercusiones para las personas migrantes, tanto legales como indocumentadas, dependerán de diversos factores, como el grado de cooperación entre las autoridades estatales y federales y los posibles obstáculos legales que las políticas de Trump puedan enfrentar en los tribunales. La comunidad internacional desempeñará también un papel fundamental: las relaciones con países clave, como México, serán determinantes en la implementación de cualquier plan de deportación masiva.
Con un futuro lleno de incertidumbres, la comunicación clara y precisa se vuelve esencial para mantener a las comunidades migrantes informadas sobre los cambios en las políticas que podrían impactar sus vidas. Los medios de comunicación y las organizaciones de apoyo deben colaborar para asegurar que la información vital llegue a quienes más la necesitan, fortaleciendo así el apoyo comunitario y la resistencia ante posibles desafíos futuros.