En 2023, las fuerzas del orden público en Estados Unidos denunciaron un total de 1,970 delitos de odio en California. Sin embargo, tan sólo 5 de estos casos llegaron a juicio, según datos de la Fiscalía General de California. En 2021, durante un alarmante incremento de la violencia motivada por odio en el estado, sólo un caso fue llevado a juicio.
La población negra es predominantemente el principal objetivo de estos delitos, aunque los judíos, musulmanes y miembros de la comunidad LGBTQ+ también han visto un aumento en los ataques basados en prejuicios.
Según el Fiscal General de California, Rob Bonta, los delitos de odio son notoriamente difíciles de probar, un sentimiento compartido por fiscales en todo el país. Durante la conferencia semanal de Ethnic Media Services, se presentaron testimonios de dos víctimas que intentaron sin éxito que se añadieran cargos por delitos de odio a los casos de sus agresores. Además, una fiscal explicó los requisitos probatorios necesarios para que los cargos y condenas por delitos de odio sean exitosos, y un defensor comunitario enfatizó la importancia de seguir denunciando estos delitos a pesar de las bajas tasas de condena.
La conferencia inició con los testimonios de Monthanus Ratanapakdee, cuyo padre fue asesinado, en lo que pareció ser un crimen de odio, y de Kunni, una camarera a la que rociaron con gas pimienta mientras sus atacantes gritaban ‘regresa a tu país’.
Monthanus comenzó diciendo: “Hace tres años, mi padre, un hombre tailandés-estadounidense de 84 años, fue asesinado en San Francisco mientras daba su caminata matutina. El sospechoso, que ha estado detenido sin derecho a fianza desde el 30 de enero de 2021, enfrenta cargos por asesinato e infligir lesiones a una persona mayor. Sin embargo, la oficina del fiscal de distrito no ha formulado cargos por delitos de odio, lo cual ha sido una fuente de frustración para mi familia.”
El asesinato de su padre ha sido devastador y ha generado una mayor sensibilización sobre los crímenes de odio contra los asiático-estadounidenses. A pesar de los retrasos en el proceso judicial, sigue asistiendo a las audiencias porque cree que tanto la víctima como el acusado merecen un juicio justo. Ha discutido con los fiscales la posibilidad de añadir cargos por delitos de odio, pero le han dicho que no tienen pruebas para sustentarlo. Sin embargo, su familia y ella creen firmemente que el ataque fue motivado por odio, basándose en las pruebas presentadas durante las audiencias preliminares.
Para honrar la memoria de su padre, ha fundado la organización Justicia para Vicha, cuyo objetivo es concienciar a la comunidad asiático-estadounidense sobre la importancia de denunciar delitos y exigir justicia. Instan a las personas a no quedarse calladas y a luchar por sus derechos. Además, lograron que una calle en San Francisco lleve el nombre de su padre, como un símbolo visible de su legado y para recordar a todos la importancia de proteger a su comunidad.
“Es esencial que el sistema de justicia actúe con rapidez y equidad, y que se reconozcan y denuncien los delitos de odio. Queremos que las futuras generaciones vivan en una sociedad más segura y justa, donde el miedo no nos impida denunciar crímenes y buscar justicia”, concluyó.
En el testimonio de Kunni se mostró un pequeño video donde se muestra a Kunni, en el bar “Art and Dirt” del distrito Tenderloin, San Francisco, siendo víctima de un ataque verbal y físico, incluido el uso de gas pimienta. Los agresores, que ingresaron al establecimiento en su horario de cierre, pidieron jugar al billar, pero al ser informados de que no había tiempo, iniciaron un altercado. Llamaron a Kunni con términos despectivos y le rociaron gas pimienta, mientras le decían que regresara a su país.
Kunni explicó que “al escuchar ruidos fuera del bar, salí para pedir identificación e informar sobre el cierre. Sin embargo, la agresora insistió en jugar al billar, respondiendo con insultos racistas y gas pimienta. Llamé a la policía y la agresora volvió a atacarme. La policía llegó para tomar declaraciones y recopilar el video de seguridad, pero la fiscalía no consideró el incidente un crimen de odio, argumentando que el comentario, ‘regresa a tu país’, no quedó evidenciado. Además, se redujo la gravedad del delito debido a que la agresora tenía un hijo y antecedentes judiciales”.
Kunni expresó sentirse doblemente victimizada: primero por la agresora y luego por la fiscalía, que no la apoyó adecuadamente. Aún sufre de ansiedad y ataques de pánico debido a la experiencia. También señaló que en San Francisco, los casos pueden tardar años en procesarse, lo que dificulta obtener justicia. Agradeció a la policía por su rápida respuesta, pero criticó la falta de acción adecuada por parte de la fiscalía.
Erin West, fiscal adjunta del condado de Santa Clara durante 26 años y especializada en casos de crímenes de odio, señaló que en su oficina al menos dos fiscales revisan cada caso de crimen de odio, y si surgen desacuerdos, se consulta a un tercero. Afirmó que este procedimiento es esencial para garantizar una justicia adecuada. West expresó su empatía hacia las víctimas, señalando: “Me duele escuchar sus historias y lamento profundamente que hayan tenido experiencias tan negativas con el sistema de justicia penal”. Subrayó que los crímenes de odio a menudo tienen razones complejas que no siempre se explican claramente.
West destacó la distinción crucial entre un crimen de odio y un incidente de odio. “Un crimen de odio requiere un acto delictivo tangible, como asesinato o ataque, motivado significativamente por sesgo, lo cual puede ser complicado de demostrar cuando existen múltiples motivos detrás del ataque”.
En relación con los problemas que enfrentan las víctimas, mencionó que la Ley de Marcy busca garantizar que estén informadas sobre el progreso de sus casos y que sus derechos se respeten. Sin embargo, reconoció que la lentitud del sistema, agravada por la pandemia, puede ser frustrante, aunque no justificó las demoras.
Finalmente, West afirmó que “en el condado de Santa Clara se toman en serio los crímenes de odio. Soy parte del equipo que respondió a los ataques hacia mujeres asiáticas debido a prejuicios y logramos obtener condenas, no obstante que las estadísticas actuales pueden ser engañosas y no reflejan adecuadamente el número de casos procesados y condenados cada año. Reafirmo que esto sugiere la necesidad de mejores sistemas de reporte por parte del Departamento de Justicia de California para reflejar con precisión los esfuerzos y resultados”.
Manjusha Kulkarni, cofundadora de Stop AAPI Hate, expresó también, sus condolencias a la familia de Monthanus Ratanapakdee y a Kunni por sus pérdidas y agresiones. En su calidad de directora ejecutiva de AAPI Equity Alliance y líder regional del proyecto estatal Stop the Hate en Los Ángeles, Kulkarni abordó los desafíos en el enjuiciamiento de delitos de odio. Según un informe del auditor estatal de California de 2018, existen fallas significativas en la identificación, reporte y capacitación policial sobre estos delitos. Por ejemplo, dijo: “las fuerzas del orden a menudo no reconocen incidentes como crímenes de odio, ya sea por reticencia a admitir problemas en su comunidad o por falta de claridad sobre qué constituye un delito de odio contra ciertas comunidades, como la asiática”.
Kulkarni señaló que “muchos crímenes contra asiático-americanos no son aceptados universalmente como delitos de odio, a diferencia de símbolos conocidos como la esvástica. Como el tiroteo de Atlanta, donde seis mujeres asiáticas fueron asesinadas, y dos de los tres fiscales del condado no lo consideraron un crimen de odio por falta de evidencia clara de animosidad”.
Destacó también que muchos incidentes de odio no son delitos, sino abusos verbales o discriminación en el trabajo o la vivienda, los cuales son ilegales pero se procesan civilmente, no penalmente. En esos casos, el Departamento de Derechos Civiles de California puede intervenir mediante la restitución.
Kulkarni enfatizó la importancia de abordar no solo los delitos penales sino también la discriminación institucional y la necesidad de capacitaciones para evitar estos incidentes. Citó el ejemplo del decreto de consentimiento de Denny’s, donde se realizó una formación nacional para evitar la discriminación en sus restaurantes.
Por último, mencionó el programa Stop the Hate, que apoya a diversas comunidades marginadas mediante servicios de salud mental, capacitaciones y programas de liderazgo juvenil. Según Kulkarni, más que solo perseguir delitos, es crucial crear un estado libre de odio mediante enfoques integrales y preventivos.