En Estados Unidos, Medicaid es un programa médico financiado por el gobierno federal y los estatales, diseñado para ofrecer cobertura sanitaria a personas y familias con ingresos limitados. Este programa proporciona acceso a una amplia gama de servicios médicos, como hospitalizaciones, visitas médicas, cuidados preventivos y medicamentos, mejorando así el bienestar y reduciendo las disparidades en salud.
Sin embargo, las restricciones de elegibilidad y las variaciones en la cobertura según el estado pueden limitar su alcance. Ethnic Media Services, en su rueda de prensa semanal, convocó a expertos para abordar el tema del acceso a servicios de salud.
Katherine Hempstead, asesora principal de políticas en la Fundación Robert Wood Johnson, destacó la complejidad y variabilidad del programa Medicaid, manifestó que “a diferencia de Medicare, Medicaid es una colaboración federal-estatal, lo que resulta en 50 programas distintos con diversas estructuras y regulaciones. Esta dispersión puede dificultar la comprensión y el acceso al programa, especialmente en estados donde los condados influyen significativamente en la elegibilidad”.
Hempstead mencionó que Medicaid es la mayor fuente de seguro médico en Estados Unidos, cubriendo aproximadamente 82 millones de personas, incluyendo niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades. No obstante, el acceso puede ser inconsistente debido a cuestiones burocráticas como la “rotación”, donde los individuos pierden y recuperan beneficios por pequeñas variaciones en ingresos.
“La expansión de Medicaid bajo la Ley de Atención Asequible (ACA) es un tema crucial, ofreciendo cobertura a adultos de bajos ingresos, aunque es opcional para los estados. Esto ha creado brechas significativas en aquellos estados que no han adoptado la expansión. Algunos estados han extendido la cobertura a inmigrantes usando fondos propios, variando en población cubierta y modalidad”.
Adicionalmente, Hempstead señaló problemas en Medicaid como la idoneidad de las redes de proveedores, particularmente en salud conductual y atención especializada, debido a pagos más bajos en comparación con otros seguros. También existe una alta demanda insatisfecha en servicios basados en el hogar y la comunidad, con largas listas de espera en muchos estados.
Concluyó diciendo que “la fundación que asesora está comprometida en asegurar el acceso a cobertura sanitaria asequible y considera cerrar la brecha de cobertura de Medicaid como una prioridad política crucial. Este compromiso incluye estudios para documentar los beneficios de la expansión de Medicaid y proyectos que demuestran los costos y beneficios de cubrir a diferentes segmentos de la población inmigrante, además de trabajar en reducir la rotación para facilitar la continuidad del acceso a atención médica”.
Por su lado, Martha Sánchez, de Young Invincibles, explicó que “un estudio del CDC de 2019 reveló que la mitad de los adultos jóvenes de entre 18 y 34 años tienen al menos una condición crónica como obesidad, diabetes, cáncer o problemas de salud mental, problemática agravada por la pandemia de COVID-19, especialmente en el grupo de 18 a 24 años”.
Igualmente aseguró que, “Young Invincibles ha encontrado una alta tasa de no asegurados entre los adultos jóvenes y la brecha en la cobertura de Medicaid, que afecta al 40% de este grupo”. Así mismo, mencionó que en informes recientes, como los de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, muestran un aumento en cánceres graves entre los jóvenes, indicando que enfermedades tradicionalmente asociadas a poblaciones mayores ahora también afectan a los jóvenes. “Además, muchos pierden Medicaid al convertirse en estudiantes o ingresar al mercado laboral”.
También explicó que la organización busca mejorar la alfabetización en salud de los jóvenes, asegurando que comprendan sus opciones de seguro médico y apoyando la expansión de Medicaid y el fortalecimiento de las políticas existentes para asegurar que los jóvenes puedan acceder y utilizar efectivamente sus beneficios. Sánchez subrayó la importancia de estas políticas para la protección de la salud y el futuro económico del país, y terminó haciendo un llamado a fortalecer el programa para que todas las familias, incluyendo las de estatus mixto o inmigrantes, puedan prosperar en Estados Unidos
Por su lado, Joan Alker, directora ejecutiva y cofundadora del Centro para Niños y Familias y profesora de investigación en la Universidad de Georgetown, subrayó la urgente necesidad de reinscribir a los niños que han perdido Medicaid tras el desmantelamiento del programa. Enfatizó la importancia de informar a las comunidades afectadas, especialmente con el regreso a clases, de que muchos niños aún son elegibles para la cobertura.
“Durante la pandemia de COVID-19, el Congreso aprobó una ley que impedía a los estados remover a beneficiarios de Medicaid, asegurando así la cobertura sanitaria durante la crisis. No obstante, con la verificación actual de la elegibilidad, alrededor de 15 millones de personas han perdido su cobertura”. Señaló que la mitad de los niños estadounidenses, en su mayoría de comunidades de color, dependen de Medicaid.
“La situación es alarmante en estados como Texas y Florida, donde 1.3 millones de niños en Texas y más de medio millón en Florida han perdido su acceso a Medicaid, a pesar de que, según estimaciones federales, tres cuartos de ellos aún son elegibles”, manifestó Alker.
Algunos estados han mejorado sus políticas para garantizar la cobertura continua de niños hasta los 6 años, mientras que otros han adoptado medidas más drásticas, resultando en la expulsión de niños elegibles.
Instó a los padres a buscar ayuda en sus comunidades para reinscribir a sus hijos en Medicaid. Pediatras, clínicas, escuelas y otros recursos comunitarios son determinantes en este esfuerzo. Alker concluyó recordando que, a pesar de los retrasos en algunos estados, “existen recursos disponibles para quienes necesiten información y apoyo”.
Por último, Stan Dorn, director del Proyecto de Políticas de Salud en UnidosUS, mostró entusiasmo al informar sobre las repercusiones de las políticas de salud en comunidades históricamente marginadas.
Dorn explicó que, “aunque no se dispone de cifras concretas sobre raza y etnia, se utilizó un método conservador para estimar el impacto del desmantelamiento de Medicaid en comunidades de color”. Mostró que las pérdidas de cobertura en estas comunidades han sido históricas, por ejemplo, la cantidad de latinos cubiertos por Medicaid ha disminuido en casi 4 millones, un descenso mucho mayor que cualquier pérdida anual previa.
“El impacto –dijo–, se debe, en gran medida, a factores administrativos y burocráticos, como la pérdida de documentos, que afectaron principalmente a latinos, afroamericanos, asiático-americanos e isleños del Pacífico”. Según una encuesta citada por Dorn, aproximadamente el 30% de las personas nunca recibió una notificación durante la redeterminación de Medicaid, y casi el 60% enfrentó serios problemas administrativos.
Dorn señaló diferencias significativas entre los estados en cuanto a la cobertura de Medicaid para niños. “Mientras algunos estados experimentaron caídas promedio del 29%, otros registraron pérdidas del 2% o menos, evidenciando una variación considerable en el acceso a la atención médica según el estado de residencia”.
Para mitigar estos problemas, Dorn propuso dos enfoques: eliminar cargas administrativas y mejorar los incentivos estatales. Sugerencias para reducir las cargas incluyen utilizar información gubernamental existente para determinar la elegibilidad, proporcionar asistencia accesible y adecuada culturalmente, y ofrecer cobertura continua. Además, recomendó establecer estándares explícitos de desempeño estatal y ajustar los pagos federales según el cumplimiento, auditando los estados por errores en ambas direcciones.