El fallo histórico del año pasado revirtió décadas de malos precedentes y puso fin a la capacidad de las universidades y colegios en Estados Unidos, tanto públicos como privados, de considerar la raza como uno de los factores para decidir qué solicitantes son admitidos.
Mientras el polvo se disipaba tras el shock inicial, la universidad experimentó un año tumultuoso en el ámbito de las admisiones: los datos parciales de este año muestran un aumento en las solicitudes de estudiantes no blancos. Sin embargo, esta tendencia se vio eclipsada por el lanzamiento decepcionante de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por sus siglas en inglés), plagado de retrasos y fallas técnicas, lo cual probablemente tendrá un gran impacto negativo en la inscripción de estudiantes de color.
La nueva realidad aún no se ha cristalizado del todo, para discutir este tema, expertos intercambiaron opiniones durante la conferencia de Ethnic Media Services en donde abordaron las tendencias observadas, cómo las instituciones de educación superior están adaptándose y cuáles podrían ser las perspectivas a futuro en un momento donde la confianza estadounidense en la educación superior se encuentra en un mínimo histórico.
El doctor Vikash Reddy, vicepresidente de investigación en The Campaign for College Opportunity, enfatizó los esfuerzos de la organización para promover la equidad en la educación superior entre estudiantes subrepresentados en California en un contexto marcado por la Proposición 209, que desde hace 25 años prohíbe considerar raza o etnicidad en decisiones públicas.
Reddy señaló que “los retrasos y cambios en el sistema FAFSA han dificultado la recopilación y análisis de datos sobre inscripción universitaria, afectando especialmente a instituciones de élite. La separación de datos raciales y étnicos de los datos de admisión impide evaluar adecuadamente el impacto en las minorías”.
Indicó también que “nuevas leyes y políticas en varios estados han afectado programas de diversidad y equidad. En 2023, se introdujeron 45 proyectos de ley en Estados Unidos que impactaron estos programas. Estados como Texas y Florida han reducido la financiación para programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Además, se ha suspendido rápidamente la ayuda financiera en estados como Missouri, Kentucky y Wisconsin, y se han cerrado centros universitarios para grupos específicos en Utah”, señaló.
Pese a estos desafíos, Reddy resaltó el esfuerzo de instituciones para mantener la equidad en las admisiones mediante una revisión holística. Universidades como UC Berkeley y UCLA han logrado clases diversas a pesar de las restricciones legales.También hay un movimiento para eliminar las preferencias por legado en admisiones en estados como Colorado, Virginia y Maryland.
Reddy concluyó mencionando: “la organización planea producir más informes sobre reformas educativas neutrales en cuanto a raza y promover campus inclusivos, apoyando la diversidad en el profesorado y liderazgo universitario. La correcta utilización de datos desglosados y un presupuesto alineado con estos valores es crucial para alcanzar estos objetivos”.
Por su lado, John C.Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC por sus siglas en inglés), cuya misión es promover los derechos civiles y humanos de los asiático-americanos y fomentar una sociedad justa y equitativa. Agradeció la colaboración con socios como el Fondo de Defensa Legal de la NAACP en batallas legales sobre acción afirmativa en universidades.
Yang expresó preocupación por recientes decisiones de la Corte Suprema que representan un retroceso significativo para los derechos civiles en Estados Unidos, como la anulación de precedentes sobre regulación federal, la Ley de Derechos Electorales de 1965, Roe vs Wade y la acción afirmativa. “Estas decisiones socavan los derechos y oportunidades de comunidades de color”, sentenció.
Señaló, además, que “la decisión sobre acción afirmativa no beneficia a los asiático-americanos, sino que busca dividir a la comunidad de otras minorías. La igualdad de acceso a oportunidades aún no se ha alcanzado y requiere la intervención gubernamental para eliminar desigualdades”.
Yang insistió en que estas decisiones perjudican a los estudiantes, creando incertidumbre en sus postulaciones a universidades pro diversidad. “Las repercusiones afectan a todo el sistema educativo, así como a la diversidad en sectores gubernamentales y privados. Además, criticó el mito de la ‘minoría modelo’, que invisibiliza los desafíos de los asiático-americanos para alcanzar posiciones de liderazgo.
Abogó por centrar esfuerzos en comunidades marginadas y vulnerables, incluyendo a personas asiático-americanas, nativas americanas y habitantes de las islas del Pacífico. Instó a desarrollar esfuerzos innovadores para combatir la discriminación y a colaborar con aliados para crear programas que mitiguen los daños causados por las decisiones de la Corte Suprema. Enfatizó la importancia de la unidad para lograr la equidad en el país.
Jin Hee Lee, directora de Iniciativas Estratégicas del Fondo de Defensa Legal de la National Association for the Advancement of Colored People (Legal Defense Fund), manifestó que la decisión de la Corte Suprema sobre la acción afirmativa en la educación superior, emitida hace un año, no estaba destinada a otras áreas, pero ha tenido un impacto considerable en el empleo y otros programas. Según Lee, “el objetivo de los ataques a la acción afirmativa es negar las desigualdades raciales existentes y etiquetar cualquier esfuerzo para repararlas como discriminación”.
Según Lee, enfrentar las barreras históricas para las personas marginadas no es discriminación. “Sin embargo, líderes educativos y corporativos enfrentan acusaciones de discriminación por promover la igualdad racial, lo cual es un intento de dividir a las comunidades de color y una comprensión errónea de las admisiones universitarias como un juego de suma cero”, advirtió.
“La decisión de la Corte Suprema ha perpetuado estereotipos racistas al sugerir que algunas razas son menos talentosas, afectando negativamente la educación, el empleo y otros programas de apoyo. Estos ataques están vinculados con las campañas contra la teoría crítica de la raza que surgieron tras las protestas del verano de 2020, en las que se señala que tales tácticas buscan desestabilizar una democracia multirracial y evadir el reconocimiento y la corrección de las desigualdades raciales en Estados Unidos”.
“En las próximas elecciones, será crucial determinar si la nación decidirá ignorar las desigualdades raciales o abordarlas desde sus raíces históricas”, finalizó.
Thomas A. Saenz, presidente y consejero general del Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), discutió la implementación de la decisión de la Corte Suprema en los casos de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte (UNC). Saenz señaló que la expansión de esta decisión en temas de diversidad, equidad e inclusión ha desviado la atención de asegurar igualdad de oportunidades educativas para los solicitantes de color.
Además, advirtió que “los datos sobre el impacto de la decisión podrían no reflejar completamente sus efectos debido al crecimiento demográfico de la comunidad latina. Las instituciones educativas deben seguir recopilando datos sobre raza y origen étnico en los procesos de admisión según las regulaciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964”. Además, recordó que la Suprema Corte permite considerar experiencias individuales relacionadas con la raza y la discriminación en los ensayos de admisión, prohibiendo su exclusión.
Sobre los centros de apoyo y estudios étnicos, enfatizó que deben estar abiertos a todos los estudiantes, independientemente de su raza, para ser legales. En cuanto a las becas basadas en la raza, ejemplificó con el programa de becas de MALDEF, que cumple con los requisitos legales al basarse en un compromiso demostrado con la comunidad latina sin restringir la elegibilidad por raza.
Para finalizar, subrayó la necesidad de que las universidades cumplan con el Título VI, eliminando prácticas de admisión que tengan efectos discriminatorios significativos y que no puedan justificarse por una necesidad educativa.
Los ponentes concluyeron respondiendo dos preguntas cruciales:
¿De qué manera afecta la FAFSA a los estudiantes de bajos ingresos y minorías?
Saenz advirtió que las reformas de la FAFSA han complicado el proceso para familias con estatus mixto, afectando negativamente a estos estudiantes y solicitó al gobierno federal intervenir para mitigar estos efectos.
Mientras que Reddy añadió que los requisitos de admisión e inscripción requieren recursos que muchas familias de bajos ingresos no poseen, lo cual acentúa las inequidades. Indicó “que las instituciones ajustan calendarios para facilitar el acceso a ayudas, complicando la gestión universitaria”. Sugiere que es esencial que tanto instituciones como gobierno trabajen juntos para solucionar estos problemas. Mencionó que en California se está intentando desacoplar la ayuda estatal del requisito de la FAFSA, aunque esto añadiría un formulario adicional a nivel estatal.
¿Cómo afecta la pérdida de confianza en la educación superior a la percepción social y las oportunidades laborales?
Hee Lee en relación a ello, señaló que “muchos estadounidenses han dejado de confiar en el valor de la educación superior, a pesar de que esta es crucial para mejorar la situación económica de las familias de bajos ingresos, aunque las desigualdades persisten”. Jin propuso que las políticas de admisión deben abordar las inequidades sistémicas y no limitarse a la acción afirmativa.
Y por último, Yang advirtió sobre el vínculo entre la desconfianza en la educación y los ataques al sistema educativo, criticando que los opositores a la acción afirmativa no presenten alternativas constructivas, lo que pone en riesgo otras instituciones democráticas y la cohesión social.