Durante su primera administración, Donald Trump realizó intentos significativos por transformar el sistema de migración en Estados Unidos. Entre las medidas que implementó se encuentran la separación de familias en la frontera, la imposición de una “prohibición musulmana”, la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de Honduras y del programa DACA para los Dreamers, además de introducir diversas barreras administrativas que dificultan la migración legal y el sistema de asilo. La mayoría de estas acciones fueron revertidas por la administración de Joe Biden.
Sin embargo, en el escenario hipotético de una nueva administración de Trump, su equipo tiene planes mucho más ambiciosos y controvertidos. Entre las propuestas se incluyen deportaciones masivas, la creación de campos de detención, la congelación de diversas categorías de migración legal y sanciones a ciudadanos y residentes legales que estudien o convivan con personas indocumentadas. Estas medidas, respaldadas por un grupo de trabajo listo para implementarlas, están detalladas en un extenso documento elaborado por la Heritage Foundation.
Para comprender mejor el alcance y las posibles consecuencias de este plan, Ethnic Media Services convocó a un equipo de expertos para analizar el documento y evaluó su potencial impacto sobre las y los estadounidenses, la personas migrantes y la economía del país. Las reformas propuestas podrían cambiar para siempre el panorama migratorio y tener efectos profundos en la sociedad y la economía de Estados Unidos.
Cecilia Esterline, analista de investigación en migración en el Centro Niskanen, destacó que durante más de 40 años han presentado su visión de liderazgo para las futuras administraciones conservadoras. La versión más reciente, el Proyecto 2025, que propone reformas detalladas en todas las agencias y niveles del gobierno federal, incluyendo más de 175 modificaciones en la política de migración. A pesar del apoyo de miembros destacados de la administración Trump, Esterline señaló que “el plan no refleja las necesidades del público estadounidense en cuanto a un sistema de migración seguro y efectivo. En su lugar, favorece a un grupo reducido con objetivos políticos que desatienden las consecuencias para las pequeñas empresas y los ciudadanos, poniendo en riesgo el equilibrio de poder y la seguridad nacional”.
“Aunque estas políticas tienen un apoyo limitado, deben tomarse en serio, el ex presidente Trump implementó el 64% de las recomendaciones de la anterior guía de liderazgo en su primer año de mandato. Las políticas propuestas abandonan valores conservadores tradicionales, como apoyar el crecimiento empresarial y descentralizar el poder del gobierno federal, creando en su lugar obstáculos para un sistema de migración legal funcional. Por ejemplo, el proyecto propone no actualizar la lista anual de países elegibles para visas H2A y H2B, perjudicando industrias como la agricultura y la construcción”, expresó Esterline.
Además manifestó que, “introducen nuevos estándares que podrían recortar la admisión de categorías enteras de migración sin criterios claros, causando problemas para aquellos que buscan renovar su estatus y para las empresas que dependen de esta mano de obra. También se prevén procedimientos adicionales que podrían aumentar los retrasos, como canalizar cada aprobación a una oficina secundaria, lo que complicaría aún más la situación al procesar una cantidad significativamente menor de casos que el U.S. Citizenchip and Inmigration Services (USCIS)
El plan también perturbaría el equilibrio de poder entre los estados y el gobierno federal, imponiendo estándares de intercambio de información y utilizando fondos para presionar a los estados a cumplir con las prioridades políticas de la administración. Particularmente, el Proyecto 2025 propone negar el acceso a préstamos estudiantiles federales a estudiantes estadounidenses matriculados en universidades que ofrecen matrícula estatal a migrantes indocumentados o beneficiarios de DACA. Esto podría afectar al 67% de los estudiantes universitarios y de posgrado en Estados Unidos, obligando a las universidades y estados a revisar sus leyes para mantener el acceso a la ayuda financiera.
Por su lado, David J. Bier, director de Estudios de Migración del Instituto Cato, analizó las posibles acciones de una nueva administración Trump respecto a la migración. “Muchas medidas –expresó– serían similares a su primer mandato, incluida una nueva prohibición de entrada basada en seguridad que abarcaría más países, posiblemente incluyendo a Venezuela bajo pretextos como la verificación de antecedentes. Esto afectaría también a venezolanos en otros países, similar a las restricciones aplicadas a Medio Oriente y África”.
“Durante el gobierno de Trump, el programa de refugiados sufrió una reducción del 90% en comparación con la administración Obama y es probable que enfrente recortes aún más drásticos en un segundo mandato, aunque no se espera que el límite caiga a cero. En contraste, la administración Biden proyecta admitir más de 100,000 refugiados este año”, afirmó.
Bier señaló que, “las órdenes ejecutivas de Biden que han facilitado la migración legal serían revocadas casi inmediatamente. Esto incluye restricciones severas a la libertad condicional, afectando a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y la eliminación de la aplicación CBP One, que permite la entrada diaria de aproximadamente 1,500 personas en la frontera suroeste. La supresión de estos procesos podría aumentar la migración ilegal a largo plazo, motivada principalmente por factores económicos y de seguridad, aun cuando inicialmente podría verse una caída en la migración ilegal similar a 2017”.
Durante el mandato de Trump, se eliminaron prioridades en las deportaciones y se facilitaron expulsiones, aumentó la capacidad de detención en 20,000 camas y a 30,000 las deportaciones adicionales anuales. “Sin embargo –subrayó Bier– estas cifras son insuficientes para las millones de deportaciones propuestas. La administración enfrentó acusaciones de condiciones inconstitucionales en centros de detención, como falta de lugares para dormir y servicios sanitarios básicos. Existen obstáculos logísticos y legales significantes para aumentar dramáticamente la capacidad de detención, mencionando que todas las prisiones en Estados Unidos, suman aproximadamente 1.5 millones de camas”.
El uso de autoridades estatales y locales como multiplicadores de fuerza es una estrategia propuesta debido a la insuficiencia de agentes del ICE, aunque anticipa fuerte oposición en “ciudades santuario.” El gobierno federal podría presionar a estas ciudades reteniendo fondos y pretenden involucrar al ejército en arrestos y encarcelamientos, a pesar de la ilegalidad a partir de la ley “Fuerza del Condado” (Posse Comitatus).
Bier expresó sus preocupaciones sobre la legalidad de estas acciones y el papel de la Corte Suprema –sospechosa de corrupción e influencia política–, en controlarlas. Aunque en la primera administración de Trump se siguieron generalmente órdenes judiciales desfavorables en temas de migración, hubo excepciones notables. Bier espera que los tribunales actúen con firmeza contra cualquier administración que intente imponer la ley arbitrariamente, destacando la integridad judicial como una preocupación fundamental ante un posible segundo mandato.
Zachary Mueller, director del America’s Voice Education Fund, discutió las implicaciones políticas de la agenda de migración de Trump. Destacó tres amenazas principales: deportación masiva política, una amenaza a la democracia estadounidense y un peligro significativo para la población. Mueller se centró en la campaña del Partido Republicano para 2024, señalando los planes administrativos del Proyecto 2025 y las promesas de Trump en sus discursos. Según Mueller, estas acciones no son mutuamente excluyentes, sino que avanzan posiciones extremas sobre migración, desafiando la ley.
Mueller afirmó que la agenda migratoria de Trump se ha convertido en un componente clave de su campaña, enfocada en deportaciones masivas. Trump propone deportar entre 15 y 30 millones de personas, una cifra que Mueller considera inexacta, pero reveladora de los objetivos extremistas. La deportación, a pesar de su crueldad, ha caracterizado a un partido que no ha ganado la mayoría del voto popular en dos décadas. Mueller estima que más de 4.4 millones de ciudadanos estadounidenses podrían verse afectados si se implementara este plan.
Mueller también destacó la influencia de los migrantes en el Proyecto 2025, donde no sólo se les atacará por su estatus migratorio, sino también mediante descripciones deshumanizantes. “Stephen Miller y Ken Cuccinelli proponen eludir restricciones legales sobre el uso de militares apoyando teorías de conspiración nacionalista blanca y esto ha convertido el tema del reemplazo nacionalista en un elemento central del discurso republicano sobre migración en este ciclo electoral”.
Finalmente, Mueller advirtió sobre la necesidad de un plan de respaldo en caso de que la demagogia sobre inmigración no garantice la victoria en el Colegio Electoral, sugiriendo un posible asalto violento a la democracia. “La teoría del reemplazo, que señala a los inmigrantes como responsables de votos fraudulentos, forma parte de un esfuerzo por redefinir quién puede ser estadounidense y usar la retórica nacionalista para preparar otro ataque a la democracia”.