La noticia sobre las autoridades de Texas (Estados Unidos) desplegando alambre de púas en la frontera y ordenando a los agentes locales empujar a los migrantes que solicitan asilo de regreso al río, a pesar de estar exhaustos y hambrientos, pasó a la historia. La retórica y las acciones de odio contra los migrantes por parte de quienes buscan ganancias políticas, son un tema constante en el país e involucra a todo el espectro político. No obstante, la crueldad se está volviendo más audaz, en especial en estados como Texas y Florida.
Durante la rueda de prensa convocada por Ethnic Media Services el pasado 5 de agosto, los panelistas discutieron sobre lo que está sucediendo en la frontera de Texas, en una nueva demanda contra las limitaciones impuestas a los migrantes para solicitar asilo y en el impacto que tienen dichas acciones en las elecciones presidenciales de 2024.
Manuel Ortiz Escámez, sociólogo, periodista y documentalista para Ethnic Media Services y Península 360 Press, compartió algunas fotografías que capturó durante su recorrido por la frontera entre Piedras Negras (Coahuila) y Eagle Pass (Texas). Ortiz aseguró que la frontera se ha recrudecido, las medidas son más opresivas que las tomadas después de los ataques del 9/11. Ahora hay un gran despliegue militar aéreo y terrestre, hay alambres de púas, boyas gigantes en Río Grande que han provocado la muerte de por lo menos dos personas, y patrullaje en lanchas. Un escenario propio de una zona de guerra.
A pesar de las medidas adoptadas por Greg Abbot, Gobernador de Texas, a lo largo de la frontera, tales como: no proveer de agua a los migrantes y la operación “Lone Star” Estrella Solitaria que lanzará en marzo del 2021 para atacar la migración ilegal, los viajeros siguen llegando. Los contrabandistas incitan a los migrantes a cruzar a mediodía, cuando las temperaturas alcanzan hasta los 115 °F, porque no hay presencia de la patrulla fronteriza.
Una suma de acciones que ponen en riesgo la vida de las personas, de los infantes que viajan acompañados de sus padres y de mujeres embarazadas, afirmó Ortiz. Agregó que durante su recorrido notó que la mayoría de los migrante son de nacionalidad venezolana y hondureña, mientras que los mexicanos que cruzan son muy pocos, Mencionó que los medios locales mexicanos señalan que los contrabandistas y los carteles de la droga controlan el tráfico sin que las autoridades reaccionen, y que según el país de origen varían los costos del “cruce”, los cuales van desde 500 a 1500 dólares, sumando lo que ya han pagado antes para alcanzar el anhelado sueño americano, concluyó.
Por otro lado, Gianna Borroto abogada litigante sénior en el American Immigration Council, mencionó que después de que terminara el Título 42, el Gobierno estadounidense ha obligado a los solicitantes de asilo a usar la aplicación CBP One, que es poco confiable ya que se ha convertido en la única forma para que la mayoría de los no ciudadanos accedan a territorio estadounidense. Un proceso violento.
La aplicación debe ser descargada en dispositivos móviles inteligentes y seleccionar el idioma requerido, pero resulta muy desafortunado cuando los solicitantes no hablan una de las tres lenguas de la aplicación: español, inglés y criollo haitiano. Por otro lado, se enfrentan con barreras para hacer sus citas ya que muchos de ellos están varados en la frontera en refugios como iglesias o a la intemperie en tiendas de campaña. No cuentan con electricidad ni mucho menos conexión a internet, en algunos casos les han robado el teléfono. Situaciones que hacen aún más difícil realizar las citas.
En consecuencia, el 27 de julio del presente año, American Immigration Council representada por Borroto, presentaron una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito Sur de California para impugnar la política migratoria de la administración Biden porque rechaza a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada por no tener una cita de CBP One, negandoles su derecho a acceder al proceso.
La abogada señaló que los demandantes “Al otro lado”, son dos organizaciones de derechos de migrantes transfronterizos que cuentan con diez demandantes a quienes se les negó el asilo. Los desafíos a dicha política son los siguientes: primero bajo la ley estadounidense, los solicitantes de asilo de los puertos de entrada tienen derecho a buscar protección sin topes artificiales o barreras tecnológicas y añadió que es ilegal e inconstitucional la política de devolución CBP One. Va en contra de las promesas del gobierno y la guía mordaz de mantener abiertos los puertos de entrada para aquellos que no tienen una cita. La política viola las obligaciones de la Ley Nacional que prohíben el regreso de refugiados a países donde temen persecución, puntualizó.
Finalmente, dijo que la ley y la cláusula del debido proceso de la Constitución, independientemente de la supuesta justificación del gobierno para hacerlo, es solo otro ejemplo de los intentos del Gobierno estadounidense para restringir el asilo en la frontera. No se puede permitir que las personas sean enviadas de regreso y ponerlas en peligro simplemente porque no pueden programar una cita, es urgente cambiar las políticas de migración. La demanda destaca la necesidad de contar con procesos de asilo justos y accesibles sin la intervención de innumerables personas. “La vida de las personas sigue en peligro, nuestro país debe cumplir con sus promesas y sus obligaciones legales para proteger a los solicitantes, debemos ser un refugio seguro para las personas que buscan esa seguridad y protección”, afirmó Barroto.
Cal Jillson, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Metodista del Sur y autor de varios libros, incluido el próximo Raza, etnicidad y decadencia estadounidense, apuntó que Estados Unidos siempre ha sido un país racista, la supremacía blanca fue ampliamente aceptada y los inmigrantes han sido tratados con dureza desde el principio. Por otra parte, dijo que la cuestión de la frontera y la inmigración es algo que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia estadounidense y, ese sentido afirma, el mensaje republicano sobre la migracion es que se oponen a la ilegalidad mientras que los demócratas, esperan que no sean un problema en las elecciones del 2024.