Autor: Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC)
En el marco del III Congreso de Los Pueblos Originarios de la Región Cuicateca, llevado a cabo en San Pedro Chicozapotes (Cuicatlán, Oaxaca) el 17 y 18 de junio del 2023, se hizo evidente situaciones comunes entre los distintos pueblos originarios en el ejercicio de la resistencia y defensa del territorio.
Durante siglos los pueblos originarios de México hemos sido avasallados por diversos y múltiples mecanismos ejercidos por los detentadores del poder. Formas de opresión de la colonización que continua vigente en el siglo XXI, encubiertas bajo la idea de desarrollo y progreso, que son reforzadas a través de métodos de enseñanza que violentan sutilmente a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todos los géneros en las comunidades. Así como la implementación de un sistema de salud mercantilista que se lucra con la vida de las personas, aún cuando es nombrado “derecho humano” en el marco jurídico del Estado mexicano.
La colonización es sostenida con políticas alimentarias que no atacan de raíz las causas que originan la crisis alimentaria, mientras las comunidades se ven obligadas a abandonar el campo por la competencia desleal de agroindustrias que producen a gran escala, frente a los agricultores pequeños y medianos que cultivan para su autoconsumo y distribución local. Se suma ésto, la crisis de las instituciones agrarias que, lejos de garantizar los derechos territoriales, impulsan acciones de despojo de la tierra; otorgan concesiones a mineras nacionales y transnacionales; e incentivan la construcción de megaproyectos sin garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada a quienes han venido defendiendo el territorio durante más de 500 años.
Todas estas acciones de Estado han contribuido a la fragmentación del tejido social comunitario sin consideración, “la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos” es solo un discurso. Los actores gubernamentales enuncian la consulta como un gran logro, un avance del Estado moderno, sin embargo, continúan avasallando a nuestras culturas desplazándolas forzadamente, extrayendo nuestros recursos naturales, nuestra historia, idioma, cultura, conocimientos y erradicación gradual de nuestras prácticas socio-comunitarias. El Estado mexicano encubre sus acciones violentas detrás de políticas nombradas como “Bienestar” pero continúa perpetuando las desigualdades sociales y la pobreza.
Hasta ahora a los pueblos originarios nos siguen visualizando con asistencialismo, caridad y sin voz, considerándonos únicamente en los procesos electorales para mantener a los actores políticos en el poder y continuar controlando los sectores que han sido segregados históricamente. En ese contexto para los pueblos de la cañada oaxaqueña el III Congreso de los Pueblos Originarios en la Región Cuicateca, no fue más que un pretexto para cuestionar las acciones violentas que continúa ejerciendo el Estado y toda su maquinaria institucional, bajo los parámetros del modelo económico neoliberal. Aunque el actual Gobierno ha construido un discurso en contra del neoliberalismo, su mecanismo de atención a sectores de la población, demuestra lo contrario. Jóvenes y adultos son capitalidos para el voto y garantía de la continuación del régimen político actual.
Los partidos disfrazados de izquierda con gran aceptación en diversos sectores de la población, la utilizan como mero instrumento para la legitimación del extractivismo y la ejecución de megaproyectos que responden a los intereses de las economías globales, a costa de la ruptura del tejido socio-comunitario, el despojo de tierras, los recursos bioculturales, los desplazamientos forzados y una lista interminable de graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios.
En este contexto, cuestionamos a los representantes gubernamentales del Estado mexicano. ¿Qué tipo de soberanía enuncian en los contextos internacionales? El Gobierno lleva a cabo una política de violencia hacia los pueblos originarios, bajo el aparente o supuesto ejercicio de los Derechos Humanos al otorgar apoyos de carácter ecológico. Mientras enaltece los logros de la economía verde, aprueba graves devastaciones a la biodiversidad, para el impulso de megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Transístmico. Sin mencionar las represión hacia los pobladores, los cuales han sido silenciados, encarcelados, desaparecidos y asesinados.
¿Quién o quiénes son los traidores a la nación mexicana1? ¿Los que se han pronunciado a favor de los pueblos originarios, o los que se han pronunciado a favor de los que menos tienen? O, ¿quiénes a cambio de cargos o dádivas avalan el despojo de los recursos bioculturales, en medio de un pacto entre las empresas mineras transnacionales y nacionales? ¿Quiénes negocian con el voto consensuado de los partidos políticos para seguir legitimando el extractivismo minero en México? En realidad sólo responden a los intereses de la economía global. Ahí no hay lugar al teatro político entre los actores de los diferentes partidos, no hay lugar para jugarle pequeñas bromas a sus amos…
En consecuencia el Congreso, que contó con la participación de la vocera zapatista María de Jesús Patricio “Marichuy”, sirvió para reflexionar sobre las resistencias que deben articularse dentro de los procesos sociocomunales. Marichuy afirmó que los pueblos originarios tienen los mismos intereses colectivos y deben continuar con la organización comunitaria autónoma a lo largo y ancho de la República.
Los pueblos originarios de la región cuicateca suscribimos con total claridad dicha propuesta ya que actualmente las actividades de extractivismo minero se encuentran en marcha en algunos municipios de la región, como el caso de Cuyamecalco Villa de Zaragoza, con once concesiones otorgadas. Sumado a los intentos de extracción de recursos minerales en el Predio La Raquelita I, perteneciente al municipio de San Juan Tepeuxila y, hasta el momento cuatro proyectos hidroeléctricos en San Juan Bautista Atlatlahuca, Santa Ana Cuauhtémoc, Chiquihuitlán y Usila.
En este escenario es claro que nos quedan largos procesos sociocomunales para
seguir defendiendo el territorio, a pesar de los intentos de silenciamiento del Estado a la organización, usando múltiples mecanismos y estrategias de condicionamiento a las comunidades con sus políticas sociales de asistencia económica, agropecuaria, entre otras. Los pueblos cuicatecos seguiremos por senderos de esperanza para la reivindicación y dignificación de nuestros Derechos Humanos, como alguna vez lo soñaron los luchadores sociales que nosantecedieron en defensa de los sectores oprimidos, sirvan las palabras que pronunció Ricardo Flores Magón el 13 de agosto de 1921:
“(…) Riqueza, poder o gloria solamente se conquistan atropellando los derechos de otros. Mi conciencia está tranquila, porque sabe que bajo mi vestidura de convicto late un corazón honrado. Yo pudiera ser puesto en libertad tan sólo con firmar una petición de perdón (pero no lo haré) porque es mi honor como luchador por la libertad, mi honor como defensor del pobre y del desheredado, vigorizado durante 30 años de lucha por la justicia para todos, el que está en peligro… No renunciaré al ideal, venga lo que venga”.
1. Entendida como el territorio en donde se encuentran una población caracterizada por su diversidad cultural con una prácticas, relaciones, organizaciones comunitarias y tradicionales, todas propias de determinada cultura.