Por Flavio Anguiano
Después del anuncio de la huelga de los trabajadores ferroviarios de Nueva York prevista para este 9 de diciembre, el presidente Joe Biden pidió al Senado que interviniera, pues esto tendría consecuencias muy fuertes para toda la población. En caso de ocurrir, más de 7 mil trenes pararían, lo cual afectaría la movilidad de las familias, trabajadores, además de las fuentes de empleo, comunidades y empresas, de acuerdo con lo declarado por la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el pasado 30 de noviembre.
Según los expertos, el impacto de pérdidas en la economía sería de entre más 2 mil millones de dólares al día, lo que implicaría una alza en los precios del combustible así como los precios en los alimentos, pues el abastecimiento a las tiendas y los servicios de paquetería tardarían un poco más.
Al no tener respuestas favorables, los Trabajadores Ferroviarios Unidos en Nueva York convocaron a una protesta el pasado 7 de diciembre en las instalaciones de la Gran Central, una de las más grandes estaciones de trenes de la ciudad. Durante la manifestación dijeron que en los últimos años has sido despedidos alrededor de 45 mil trabajadores, y en los primeros nueve meses e este año obtuvieron 21.2 millones de dólares en ganancias. Las compañías ferroviarias, desde 2010, entregaron más de 200 mil millones de dólares, en recompra de acciones y dividendos.
Por ello, los trabajadores ferroviarios están exigiendo 7 días de baja por enfermedad, lo cual le cuesta a las compañías ferroviarias es de 321 millones de dólares. El presidente Biden invocó la Ley de Trabajo Ferroviario de 1926 para obligar a los trabajadores ferroviarios a regresar al trabajo sin días de enfermedad, para evitar una huelga nacional pero no para obligar a las compañías ferroviarias a brindar días de enfermedad. Sin embargo, los días de enfermedad y el derecho a la huelga son derechos humanos, por lo que los trabajadores ferroviarios pelean porque se respeten sus derechos básicos.