Por Gloria Tadii Ángeles y Heriberto Paredes
Después del fallo de la Corte Suprema que anula el acceso al derecho constitucional de abortar, ocurrido el pasado 24 de junio de 2020, tras una votación en la que 6 magistrados estuvieron a favor y 3 en contra, Estados Unidos ha profundizado el retroceso en materia de derechos humanos y, por otro lado, ha reforzado el poder de las clases conservadoras. La noticia cayó como bomba al ser anunciada.
Luego de un amplio desconcierto hecho público a través de cientos de medios de comunicación, nacionales e internacionales, organizaciones especialistas en derechos humanos y en la defensa de la salud reproductiva levantaron sus voces para externar sus quejas e inconformidades, así como su preocupación por las consecuencias de este fallo en el que sólo ciertos estados mantengan este derecho.
En las calles comenzaron las protestas y, a través de redes sociales, se difundieron declaraciones provenientes de todos los sectores reafirmando el rechazo a esta decisión. Algunas revistas y clínicas especializadas, de los estados que aún conservan este derecho despenalizado, incluso, comenzaron a ofrecer información y servicios médicos para aquellas mujeres que lo requirieran.
Este derecho cobró constitucionalidad tras la sentencia conocida como ‘Roe vs Wade’, emitida en 1973 y a través de la cual se cerraba el caso de una mujer llamada Norma McCorvey, que utilizando el seudónimo de Jane Rode, sentó un precedente jurídico nacional al demostrar, frente al fiscal de distrito del condado de Dallas y defensor de la ley contra el aborto, Henry Wade, que había sido víctima de violación.
Desde entonces esta victoria para los derechos reproductivos cobró este nombre y millones de mujeres se han beneficiado. El Molino Informativo habló con tres mujeres de origen mexicano e indígena residentes en Nueva York para escuchar las preocupaciones y enojos que genera esta decisión de la Corte Suprema.
Permanecen las políticas racistas y clasistas
Karina García, nacida en California, hija de padres mexicanos, desde muy joven ha estado involucrada en la organización de comunidades para defenderse entre sí, trabajó durante diez años en el Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva, en el estado de Texas, donde conoció de primera mano las barreras a las que se enfrentan las mujeres migrantes. A través del Instituto trataban de conectar a las mujeres a diferentes programas para poder tener acceso a los servicios médicos, sobre todo para las mujeres indocumentadas es doblemente más difícil poder tenerlo, situación por la que la tasa de muerte por cáncer cérvico uterino es muy alta entre ellas, comparado con las mujeres blancas, “estas muertes no deberían de ocurrir si tuvieran acceso a los cuidados más básicos”. Actualmente ella vive en Nueva York y en entrevista vía telefónica, habló sobre este revés de la Corte Suprema.
“Desde el 2012 en el estado de Texas ya se estaban haciendo recortes a los fondos para la salud reproductiva y creando leyes para cerrarles el acceso a estos servicios, cerraron clínicas que proveían servicio a las familias migrantes o de bajos recursos, donde se prestaban servicios básicos de salud, por lo que muchas mujeres tuvieron que cruzar el río Bravo hacia México para hacerse cirugías o tratamientos, poniéndose en riesgo a ser deportadas o separadas de sus familias, algo incongruente, que viviendo en un país donde aparentemente se tiene todo, permanezcan las políticas racistas y clasistas, así como el sistema de lucro de las corporaciones que importa más que la vida de las mujeres, que las han dejado fuera de estos servicios” señaló García.
“El estado de Nueva York –afirmó– es más progresista, por lo que conforme a la ley las mujeres podrán seguir acudiendo a los servicios de salud reproductiva y tienen aún derecho al aborto, sin embargo es muy diferente lo que está en papel a poder acceder a cuidados de salud ya que es muy costoso”. Aclaró que el derecho a la justicia reproductiva “es un derecho para cada persona a crear su familia con los recursos que necesite, con el respeto y la dignidad. Esto que está pasando es para dividir, criminalizar a una parte de la población, y para explotar a la otra parte, el gobierno no ha hecho nada por mejorar las condiciones de vida de millones de personas pobres”.
“Texas es uno de los peores estados para vivir si eres mujer o niño, donde existen infinidad de problemas sociales, aunque aseguren que les importan las vidas, resulta contradictorio, un claro ejemplo es que no existen soluciones para proteger a las familias, tampoco se aprobó lo que era el American Family Plan, del presidente Biden”.
Finalizó la charla afirmando que la estrategia que se ha fomentado en los últimos cincuenta años de la derecha conservadora y Wall Street, “tiene como resultado lo que estamos viviendo. En el caso de los demócratas, han tenido la oportunidad de codificar el aborto legal y que fuera un derecho federal en las administraciones anteriores y la actual y no lo cumplieron, solamente han utilizado el tema para ganar votos, por lo que seguiremos en las calles, queremos una solución ahora, Biden tiene el poder de abrir instalaciones militares para proveer los servicios de aborto y no requiere legislación, no queremos esperar porque la vida de las mujeres y las familias están en riesgo”.
Este fallo va a dividir aún más a las comunidades
La voz de mujeres migrantes indígenas también es importante por lo que Mary José Prudente, originaria de Yerba Santa, Guerrero, hablante de ñu’u savi o mixteco, migró en 1999 a la ciudad de Nueva York, compartió brevemente su sentir sobre el tema: “como mujeres indígenas salimos de nuestros pueblos buscando la libertad de expresión, a decidir sobre nosotras, nuestros cuerpos y nuestra dignidad como mujeres”, huyendo de la violencia machista llegamos a las grandes ciudades, y con este fallo es como volver a nuestros pueblos, a la prohibición, es decir es un retroceso para su lucha, ha sido un golpe duro”, aseguró.
Actualmente, Prudente se desarrolla como intérprete indígena, a través de su trabajo ha conocido historias crudas, sobre el tema del aborto, “el caso de una niña violada por su padre fue obligada a dar a luz a su bebé”. Situaciones como esta son las que hacen que muchas mujeres indígenas como ella estén a favor del aborto.
Ella cree firmemente que el fallo “va a dividir aún más a las comunidades migrantes, sobre todo si hablamos desde la postura religiosa, que no toma en cuenta la dignidad de las mujeres, la lucha sobre el respeto y la decisión de sus cuerpos, que es una lucha muy grande para ellas, y una decisión así le da más fuerza a estas instituciones a señalarlas como mujeres locas o malas”.
Así mismo ha sido testigo de que en algunas clínicas de aborto, “el personal trata de persuadir a las mujeres sin siquiera pensar en las luchas internas que cada una trae, por la que deciden abortar. Como madre, mujer y esposa dijo que ella no cambiará su ideología sobre este tema, y de ser necesario se unirá a las manifestaciones en las calles a levantar la voz”.
Las mujeres pobres serán criminalizadas
Finalmente Jhoana Garnica, originaria de Hidalgo, estudiante de Lenguas Modernas y dedicada al arte también, radica en Long Island, Nueva York comenta: “mi primera impresión sobre la anulación del derecho constitucional al aborto es que parece que nos retrasamos 50 años desde que comenzó la batalla de Roe vs Wade, donde se pudo lograr el aborto legal, ahora con este fallo, que le da el poder a cada estado de penalizar o no y en caso de hacerlo, increíblemente no importará la circunstancia, es decir, no importa que sea por violación, incesto, o si el producto viene con alguna complicación a mayor escala, que puede dejar en peligro la vida de la madre u otra complicación de sí mismo”.
“No creo que los jueces sean ‘pro-vida’ puesto que se estima que 68 mil mujeres morían al año en clínicas de abortos clandestinos y había lugares a los que se les llamaban ‘carnicerías de callejón’. Obviamente el impacto será mayor en las comunidades pobres, minorías étnicas y obreras porque son las que menos tienen recursos o privilegios para estar viajando de estado en estado y no se diga del seguro médico, no todas cuentan con ello. Es muy importante que se entiendan los problemas sociales, de salud pública y derechos humanos, saber de qué manera repercuten principalmente en nuestra comunidad, dejando a un lado los estigmas y desinformación. Pensar que se les va a criminalizar a las mujeres pobres por ejercer su derecho sea cual sea su situación, psicológica, emocional, económica, sin importar que sean víctimas y a médicos que ejercen su profesión en un país como Estados Unidos, no es concebible”, concluyó.